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El Consejo de Administración de Itaipú pretendería aprobar hoy una reducción de la tarifa técnica que será aplicada desde el 2022, bajo las pretensiones del Brasil, en lo que sería una nueva “traición a la patria”. El director paraguayo de la binacional, Manuel María Cáceres, confirmó que desde el país vecino se quiere bajar el precio, pero acotó que “nada está cerrado”.
El extitular de la ANDE Pedro Ferreira refirió esta mañana que una eventual reducción extrema de la tarifa generaría solamente beneficios a corto plazo, principalmente para el lado brasileño. Sin embargo, advirtió que posteriormente, en unos 15 años aproximadamente, ambas partes contratantes y las tercerizadas tendrán pérdidas.
“Precios muy bajos de energía pueden llevar a comportamientos tipo Venezuela, en donde las cosas se malgastan. Segundo problema es que no se genera ninguna reserva de energía”, sostuvo.
Igualmente, Ferreira refirió que, en caso de aprobarse una reducción de la tarifa para el próximo año, existe un riesgo de que el Gobierno brasileño se niegue a renegociar el Anexo C del tratado de Itaipú en el 2023, en que se tratarían cuestiones importantes sobre la dirección de la binacional.
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“Secretismo” en Itaipú
El ingeniero también cuestionó el “secretismo” con que se manejan las negociaciones por parte de las autoridades de nuestro país. “Daba la impresión de que se iba a tratar en estos días”, declaró.
Incluso, indicó que no hacer públicas las conversaciones es contraproducente para los altos funcionarios paraguayos, por la presión que ejerce el Gobierno brasileño hacia los mismos. En ese sentido, dio a entender que “los gritos de barricada” evitaron que las autoridades de nuestro país aprueben la reducción en el marco del “secretismo”.
Así también, Ferreira afirmó que se requiere de un “debate más amplio” con respecto a la fijación de la tarifa hasta la renegociación del Anexo C del tratado de la binacional. “Creo que el status quo se debería preservar; mantengamos la tarifa hasta el 2023 y debatamos bien”, mencionó.
Por otra parte, Ferreira refirió que un eventual juicio político contra el Ejecutivo debería ser el último recurso a recurrir ante lo recientemente trascendido. Asimismo, remarcó que, antes de que la indignación gire en torno al Gobierno, las autoridades tendrían que dar a conocer su punto de vista y hacer públicas las negociaciones de este tipo.