Aduanas justifica demora para abrir sumario por contrabando

“En octubre del 2018 funcionarios de Aduanas procedieron en zona primaria del Aeropuerto Silvio Pettirossi a la verificación de las mercaderías y se constató que 5.502 kilos de mercaderías se encuadraban en el régimen aduanero de Remesa Expresa. Sin embargo, 1.203 kilos de mercaderías tenían valores superiores a los establecidos para acogerse al mencionado régimen”, señala el comunicado remitido por Jorge Villalba, quien dice ser asesor de prensa de la institución, pero no vocero.

El comunicado continúa señalando que como resultado de la reverificación se determinó el monto a pagar por la empresa importadora que incluye tributos y multas eventualmente aplicables. Posteriormente, la empresa Paraguay Box S.A. presentó la póliza Nº 1511005405 de Royal Seguros. La póliza fue aceptada por el administrador de aduanas del Aeropuerto Silvio Pettirossi, para el posterior retiro de las mercaderías conforme a las disposiciones del Código Aduanero.

“El Administrador de Aduanas del aeropuerto Silvio Pettirossi, luego de una serie de trámites, abrió el sumario en tiempo y forma el 26 de marzo del 2021, cuando tenía plazo hasta el 1 de enero del año 2022. Han sido notificados y se han presentado los representantes de la empresa transportista, de Paraguay Box y otros. Además, se han publicado edictos abriendo la posibilidad de presentarse cualquier persona que pudiera acreditar la disponibilidad de la carga. El sumario se encuentra actualmente en la etapa probatoria”, continúa.

Sin embargo, no aclara por qué recién dos años y medio después de la incautación se dio apertura al proceso de investigación administrativa.

“No es verdad que el funcionario Mark Stanley haya sido destituido de Aduanas por presentar la denuncia del caso. En realidad la denuncia fue presentada por 13 funcionarios, incluyendo a Stanley, quien sigue prestando servicios en la institución. Stanley desarrolla ahora otras funciones luego de que se filtraran audios suyos que lo comprometerían seriamente en irregularidades en sus funciones y los mismos se encuentran bajo custodia en el Departamento de Asuntos Internos”, agrega.

“Por último, el director nacional de Aduanas es juez de segunda instancia en los sumarios administrativos y eventualmente le corresponderá ratificar o modificar la resolución del juez natural de la causa, que en este caso es el administrador de aduanas del aeropuerto Silvio Pettirossi. Esta es la razón por la que el director Julio Fernández Frutos se abstiene de brindar declaraciones a la prensa sobre el sumario”, finaliza.

Millonaria incautación

Luego de una serie de denuncias realizadas por el llamativo bajo costo manejado en la venta de electrónicos de alta gama, funcionarios de Aduanas se apostaron en el aeropuerto Silvio Pettirossi.

Una primera revisión permitió observar cómo dos camiones ingresaban directamente a la pista para cargar mercaderías que llegaban a territorio paraguayo.

Los camiones salían del predio del aeropuerto sin pasar por Aduanas, algo conocido en la jerga aduanera como “salir en frío”. La excusa utilizada era que se trataban de mercaderías que llegaban en courier, esto es, mercaderías de bajo valor adquiridas por personas particulares y para uso personal, según las versiones.

En una siguiente oportunidad, el 8 de octubre de 2018, los funcionarios detuvieron los camiones y detectaron que se estaba ingresando un total de 6.200 kilogramos de mercaderías que salían en frío.

La encargada de la mercadería era la firma Paraguay Box SA, según funcionarios.

De acuerdo a la denuncia elevada por Mark Stanley, entonces jefe del Departamento de Análisis y Gestión de Riesgos de la DNA, las mercaderías ingresaron usando dos guías aéreas.

Del total de 6.200 kilos, un total de 1.200 no podían acogerse al régimen del courier. Esto debido a que superaban el valor de US$ 100 por producto y porque estaban ingresando no para uso personal sino para la comercialización a través de grandes locales.

Las restantes cinco toneladas también estaban compuestas en parte por equipos que superaban el valor límite, pero debían ser liberadas recién después de que se presentaran los tickets que acrediten la propiedad de los mismos, dicen.

Coincidentemente, el denunciante Stanley fue destituido de su cargo. Además, según consta en documentos internos de la DNA, las cinco toneladas de mercaderías fueron liberadas sin que la institución retuviera la garantía monetaria y sin que se arrimaran todos los tickets de propiedad sobre los equipos. Esto podría representar un riesgo de daño patrimonial a la institución.

Otro hecho que llamó la atención es que la institución contraliquidó multas sobre los 1.200 kilogramos que no podían acogerse al régimen señalado, pero la póliza que se presentó no fue adjuntada o vinculada a guía aérea alguna.

Dos años y medio después

La institución a cargo de Julio Fernández tardó casi dos años y medio en ordenar la apertura del sumario sobre el millonario cargamento incautado en octubre de 2018. Así lo señalaba la propia respuesta de la DNA ante consultas de ABC Color sobre la situación de este cargamento ya semanas atrás

“El sumario administrativo a la firma Paraguay Box SA, abierto en base a la denuncia formulada por la Dirección de Fiscalización, se inicia el 26 de marzo de 2021″, comienza diciendo el informe remitido por la institución a nuestro diario.

Es decir, la institución reconoce haber esperado dos años y cinco meses para iniciar el proceso. Esto coincidió con una serie de escritos presentados por el destituido Stanley sobre la situación del sumario.

Si el proceso hubiera tardado un par de meses más, hubiera vencido el plazo para la realización del sumario, lo que hubiera permitido que el caso caminase hacia la impunidad.

“En el mismo se han presentado el Transportista, la Empresa Paraguay BOX y los representantes de estas y otros, y habiéndose publicado edictos recientemente se encuentra abierta la posibilidad de presentación de cualquier persona que pudiera acreditar la disponibilidad jurídica sobre las mercaderías”, agrega.

“La acción para imponer sanciones, conforme al Art. 316 prescribe a los tres años de acontecida la infracción”, puntualiza el informe.

“La detección del ilícito fue en el mes de octubre de 2018 y la instrucción en el mes de marzo de 2021 por lo que no se cumplió el plazo legal necesario para la prescripción de la acción”, agrega el documento.

“El cómputo del plazo de prescripción de la acción se interrumpe por la instrucción del sumario”, finaliza.