Abdo Benítez firmó el Decreto N° 6417, con fecha 2 de diciembre pasado, por el cual objeta totalmente el proyecto de Ley N° 6856/2021 “Que declara de interés social y expropia a favor del Estado paraguayo - Ministerio de Desarrollo Social, para su posterior transferencia a título oneroso a sus actuales ocupantes, los inmuebles individualizados como Fincas N° 246 y 247, con Padrones N° 755 y 756 respectivamente, ubicados en la compañía Rosado Guazú del distrito de Ypané, departamento Central”.

La iniciativa fue sancionada por el Congreso el 17 de noviembre de 2021.

Con el veto total, el proyecto vuelve a las cámaras del Congreso (Senado y Diputados) que deberán aceptar el veto o ratificarse.

En el considerando del Decreto, el Ejecutivo refiere que el Ministerio de Desarrollo, por Nota N° 1223 del 30 de noviembre de 2021, se ha pronunciado en los términos del informe elevado por la Dirección del Programa Tekoha, que expresa: “Que el motivo invocado por el Programa Tekoha del Ministerio de Desarrollo Social obedece a que, según los informes técnicos, no reúne los criterios técnicos de medidas y linderos. Así también, el incumplimiento con el criterio que establece que en el título de propiedad deberán estar consignados los rumbos y distancias del inmueble ofertado con su respectiva superficie; y la falta de cumplimiento del criterio que establece la ocupación deberá ajustarse a los límites y/o lindes del inmueble”.

El Decreto señala, además, que conforme con la verificación “in situ” realizada, se detectó que el informe pericial y el plano no cuentan con rumbos, y el plano no se encuentra aprobado por el Servicio Nacional de Catastro.

Agrega que “el polígono según el título no sobresale a la ocupación, pero deberá ser delimitado y los mojones deberán ser plenamente identificados”.

El proyecto fue presentado por los senadores del Frente Guasu el pasado 13 de mayo. Tiene la firma de los senadores: Fernando Lugo, Esperanza Martínez, Sixto Pereira, Jorge Querey, Hugo Richer y Carlos Filizzola.

El documento tuvo sanción ficta en el Senado el 11 de noviembre pasado. Lo llamativo es que la Comisión de Asuntos Municipales y Departamentales dictaminó el rechazo.