CGR fiscaliza obras adjudicadas a supuestas empresas de “maletín” en Acahay

ACAHAY. Auditores de la Contraloría General de la República (CGR) iniciaron la fiscalización especial inmediata (FEI) de los trabajos de limpieza y mejoramiento de caminos rurales y distribución de almuerzo escolar, de la gestión del año 2020/2021 del ex intendente, Alcides Sosa Báez. Se estima que unos G. 1600 millones se adjudicó a tres empresas de maletín cuyos supuestos propietarios denunciaron el hecho ante Ministerio Público.

Los auditores de la CGR verifican caminos vecinales mejorados supuestamente por tres empresas
Los auditores de la CGR verifican caminos vecinales mejorados supuestamente por tres empresas.

Los auditores están visitando las supuestas obras concretadas por empresas fantasmas, que fueron adjudicadas a un humilde agricultor, quien figura como supuesto propietario de la empresas como San Roque de Melquiades Ayala Ortíz y otra firma San Jorge, que fue habilitada a nombre del nieto, Aldo González Ayala. Ambos son del distrito de Mbuyapey.

De acuerdo a las investigaciones a la empresa San Roque se adjudicó con obras varias, limpieza de calles vecinales y mantenimiento de caminos vecinales por G.534 millones. Asimismo, la empresa San Jorge fue adjudicada supuestamente con G.488 millones, en reparación de caminos construcción de sanitario, mejoramiento del distrito.

Por otra parte, aparece también una tercera empresa “San Miguel” que involucra a una joven del distrito de Ybycuí, Naiza Cohener González, cuya vivienda fue allanada en el 2020 por la fiscalía de Carapeguá a cargo del fiscal Rodolfo Colmán. En el lugar se había constatado que en la dirección que fijaba domicilio la firma, funciona un lavadero de la familia. Esta empresa que sería de “maletín” cobró la suma de G.683 millones, por los supuestos servicios de limpieza de instituciones educativas y distribución de almuerzo escolar.

Los afectados fueron advertidos que ellos aparecen como proveedores de la Municipalidad. El hecho denunciaron primeramente ante la comisaría de Mbuyapey y Milquiades Ayala llegó hasta la fiscalía de Carapeguá para que el caso sea investigado.

Por la creación de supuesta empresas fantasmas y el presunto hecho de “lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal fue imputado el exintendente local, Sosa Báez.

La proveedora San Miguel de Naiza Cohener González, fue nuera de los esposos Espínola-Martínez, quien se vio involucrada también en el esquema de supuesta empresa de “maletín”.

Asimismo, por los mismos hechos fueron imputados y están con prisión domiciliaria el exadministrador de la Facultad de Filosofía UNA, Eduardo Espínola Ayala -quien fue condenado por el desvío de G. 178 millones de la universidad- y su esposa la exconcejal municipal de Mbuyapey, Mirian Martínez (PLRA). Además está procesado el extesorero municipal Vicente Torres Sanabria.

Llamativamente tras recusación planteada contra el fiscal Colmán, el agente fiscal que atiende ahora la causa ahora, Dario Villagra, ya había solicitado sobreseimiento provisional que beneficia a los esposos Espínola-Martínez.

De constar indicios de corrupción comunicarán al Ministerio Público

El jefe de Equipo de la CGR, Alberto Riquelme, explicó que se encuentran analizando las documentaciones correspondientes a los ejercicios 2020/2021, pero que ya no están los responsables de la gestión, pero se están verificando las documentaciones que les proveyó la actual administración, a cargo de Aldo Lezcano(Alianza).

Como la administración investigada ya no se encuentra el intendente cuya gestión se está verificando, la investigación tiene un tratamiento diferente, se complica más y muchas veces se necesitan los documentos respaldatorios y en caso que no se presenta a los auditores, se les notifica luego las observaciones.

Agregó que en caso que la Comuna no realiza en el plazo de cinco días el descargo correspondiente en tiempo y forma las observaciones se quedan firmes. En caso que presente el informe final se tiene en 45 días.

Luego previo dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Auditoría Forense en caso que se detectaron indicios de corrupción los antecedentes del caso son remitidos al Ministerio Público. Están trabajando en la verificación de obras y documentos, el jefe de equipo, Alberto Riquelme, el supervisor Derlis Raúl Riquelme, y los auditores, Carolina Articanaba, Ramón Cardozo y Eva Zelaya.

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