Schuldhaus promovió una demanda contra Flecha por los delitos de difamación y calumnia, acción fundada en publicaciones realizadas por Flecha a través de las redes sociales y medios masivos de comunicación, en las que lo califica de estafador y lo acusa de recibir dinero de los recursos públicos.
Según el denunciante, Flecha “montó una campaña mediática en mi contra en la que me atribuye elementos delincuenciales, delictivos. Me califica de delincuente, chupasangre, vividor del Estado, de incurrir en cobro indebido de honorarios, estafador, chantajista”, sostuvo.
En sus declaraciones y publicaciones, Flecha cuestiona que la empresa periodística de Schulhaus recibe dinero por servicios de entidades públicas, como la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), la Gobernación de Itapúa y de municipios itapuenses, y de operar sin licencia como medio digital.
Flecha hizo pública una planilla que se origina en la EBY, en la que se indican pagos por la suma de G. 249 millones por servicios publicitarios, entre los años 2015 al 2018, y cuestiona la pertinencia de dichos gastos.
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“Que haya publicado las planillas no es problema, todo está en forma legal, los contratos por servicios publicitarios están dentro de la ley, con las boletas legales de AV audiovisuales, mi RUC, con mi marca, mi nombre, todo se hace en forma correcta, no necesito habilitación de Conatel para operar”, afirmó el comunicador.
“Me condenó un juez benevolente con cura violador”
Flecha, por su parte, cuestionó el fallo del juez Blas Zorrilla y sostuvo que obedece órdenes de sus jefes políticos que lo quieren hacer callar. Recordó que también tiene un juicio oral impulsado por el exgobernador de Itapúa Juan Schmalko (ANR, cartista) por calumnia.
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“Este mismo juez que dio una irrisoria condena de dos años y el pago de una multa de G. 5 millones a un cura violador (el cura Félix Miranda, de Edelira) me condena a pagar G. 16 millones porque denuncié el mal uso del dinero público”, cuestionó el activista.
Añadió que por esa leve condena al sacerdote los jueces habían sido suspendidos y un Tribunal de Apelaciones ordenó un nuevo juicio. El caso afecta a los jueces Fabián Iglesias, Nelio Prieto y Blas Zorrilla. Fue anulada por la Cámara de Apelaciones, que ordenó un nuevo juicio.
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Para el ahora condenado, el mensaje es claro: “Estaban buscando mi condena, hacerme callar, les molesta que haya alguien que denuncie el mal uso del dinero público”, dijo y agregó que “no es casual” que el mimo abogado que impulsa la denuncia de Schmalko, Isidro Salinas, llevó adelante la querella promovida por Schulhaus. El otro abogado querellante en la causa es Walter Hurtado, director de la Asesoría Jurídica de la Gobernación de Itapúa, cuestionó.
“Es evidente que desde el poder político hay una orden de hacerme callar, pero voy a seguir con las denuncias, voy a llevar el caso ante el Ministerio Público para que se investiguen los pagos realizados”, afirmó.
