Caso Zapag: abogado cuestiona imputación a supuesto tercer implicado

El abogado defensor de José Samir Samaniego, acusado de haber amenazado a un amigo de Benjamín Zapag luego de la golpiza sufrida por este en un local nocturno el pasado 6 de noviembre, dijo que la Fiscalía lo imputó por supuesta coacción sin justificar esa imputación adecuadamente.

El abogado Guillermo Duarte Cacavelos.
El abogado Guillermo Duarte Cacavelos.Diego Peralbo

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, representante de José Samir Samaniego -uno de los tres jóvenes imputados por la agresión sufrida por Benjamín Zapag el pasado 6 de noviembre en un local nocturno de Asunción-, cuestionó el manejo del caso por parte de la Fiscalía y la imputación contra su cliente por el supuesto delito de coacción.

Además de Héctor Grau y Marcello Fretes, señalados como los presuntos autores de la golpiza que recibió Zapag esa noche e imputados por lesión grave, Samaniego fue imputado por el Ministerio Público por supuesta coacción, acusado de presuntamente haber amenazado a un amigo de Zapag luego de la agresión sufrida por este.

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Duarte Cacavelos cuestiona el hecho de que la imputación hecha por el fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz “no describe los presupuestos para atribuir fácticamente a alguien el hecho punible de coacción”, señalando que el texto de imputación argumenta que Samaniego se acercó a Guillermo Brítez, amigo de Zapag, para las supuestas amenazas que se le atribuyen después de que se alertó a las autoridades del local sobre el incidente.

El abogado señala que la imputación no indica en qué consistió esa supuesta amenaza ni da a entender cómo Samaniego presuntamente buscaba coaccionar a Brítez.

“Exigimos que, si un fiscal va a imputar, que describa en el acta los elementos que llevan a cualquier persona que se dan los indicios fácticos de presupuestos de coacción; el fiscal describe la palabra amenaza, pero no describe en qué consistió la amenaza”, dijo Duarte Cacavelos.

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El abogado consideró grave que “con esa nula descripción fáctica se pida arresto domiciliario”, argumentando que la vida de su cliente se ve injustamente afectada.

“Este proceso está siendo llevado por la fuerza mediática, pero jurídicamente no se están respetando los estándares que se tienen que respetar”, opinó.

El letrado opinó que la medida de prisión preventiva para Grau y Fretes, los otros imputados, tampoco corresponde debido a que en realidad no existe peligro de fuga porque “ninguno tiene la capacidad patrimonial de salir del país sin sustento de su familia, son personas que tienen arraigo, están terminando sus estudios, tienen dependencia absoluta de sus familias”.

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Opinó que los procesados se convierten en “víctimas” cuando las reglas del proceso “no se respetan”.

Sobre el hecho de que Fretes y Grau permanecieron prófugos de la Justicia por varios días luego del incidente, antes de entregarse, el abogado endilgó la responsabilidad a la Policía Nacional, afirmando que es “inoperante para capturarle a la gente”.

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