“La declaración jurada falsa es la punta del ovillo”, según exjuez

El exjuez Pedro Mayor Martínez dijo que hechos de declaración jurada falsa pueden ser el punto de partida de investigaciones que revelen enriquecimiento ilícito o lavado de dinero. Esta semana se reveló que un hijo del ministro de la Corte Suprema Antonio Fretes no declaró una casa de créditos de su propiedad en su declaración jurada cuando era funcionario de la Fiscalía.

Pedro Mayor Martínez.
El exjuez Pedro Mayor Martínez.Arcenio Acuña Rojas

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el exjuez Pedro Mayor Martínez habló de la figura de las declaraciones juradas en el marco del escándalo que rodea al ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes y sus hijos, incluido Asdrúbal Fretes, quien no declaró una casa de créditos con capital de cinco mil millones de dólares mientras era funcionario del Ministerio Público.

En abril de 2015, cuando su salario como funcionario de la Fiscalía General del Estado era de poco más de 9 millones de guaraníes, Asdrúbal Fretes constituyó junto a la abogada Lourdes González una casa de créditos denominada Ahoraité SA, con un capital social de 5.000 millones de guaraníes.

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Sin embargo, Fretes no incluyó esa empresa en la declaración jurada que hizo, como es obligatorio para funcionarios públicos, solo diez días después. En ella solo hizo constar que tenía un sueldo como funcionario de la Fiscalía, un vehículo con cuatro años de antigüedad y una tarjeta de crédito por valor de G. 2 millones.

Ese mismo año, Fretes se convirtió en directivo de otra casa de créditos, Río Salado SA, en accionista en la empresa Negocios y Servicios, y en otra declaración jurada en 2016 volvió a omitir esos hechos.

Según fuentes judiciales consultadas por ABC Color, Fretes pudo haber incurrido no solo en declaración jurada falsa, sino además en enriquecimiento ilícito y hasta posible lavado de dinero, ya que se desconoce la fuente de los ingresos.

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El exjuez Pedro Mayor Martínez señaló que las declaraciones juradas no pueden ser consideradas declaraciones judiciales, pero son un elemento de control que la ley prevé para permitir a los organismos auditores de la función pública contrastar datos y determinar si un funcionario público pudo haber incurrido en enriquecimiento ilícito u otros delitos.

“La declaración jurada falsa es la punta del ovillo. Si el Ministerio Público quiere desplegar toda una batería de investigaciones parte de ahí, nos abre la puerta para investigar el origen del dinero”, dijo.

Lamentó, sin embargo, que en Paraguay “la ley penal es una red en la que caen los insectos; los más grandes rompen la red”.

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