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El documento, que circuló el lunes 2 de abril a través de las redes sociales, demuestra el rechazo de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) hacia la ocupación del predio del Cuartel de la Victoria.
En el comunicado, Luis Villasanti, como referente de la asociación, afirma que “nadie está sobre la ley” y exige a las instituciones del Estado que “pongan las cosas en su lugar”, garantizando la seguridad del cuartel “en sus legítimos propietarios”.
A su vez, el comunicado pide “cárcel a los autores morales, cómplices y encubridores de la violación de los derechos conculcados”.
Califican la invasión del Cuartel de la Victoria como ofensiva, “tanto como la invasión del Chaco”, y agregan que las necesidades sociales postergadas “no se resuelven violando la ley o atropellando los derechos de los demás”.
Critican a quienes, bajo el pretexto de “reivindicación de derechos sociales postergados, ofenden el Estado de derecho y destruyen las instituciones republicanas”, afirman.
Aseveran que los ocupantes “se equivocan” al pensar que resolverán los problemas que pretenden solucionar, pues “no están haciendo más que ahondarlos, abriendo heridas profundas en la sociedad que solo traerán más violencia y dolor a quienes las ejecutan”.
Señalan también a quienes, a su entender, “tras bambalinas, mueven los hilos de la violencia y las luchas sociales”.
Resaltan que, sea cual fuere el motivo, la ocupación del Cuartel de La Victoria es, dicen, no solo ilegal, sino “un ultraje a quienes con su vida y su sacrificio defendieron el honor del Paraguay”.