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Según Alejandra Peralta, de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público, ya hace años se agotaron todas las diligencias posibles para el caso sobre la supuesta privación de libertad y tortura de Juan Arrom y Anuncio Martí. “Se agotaron las líneas investigativas”, garantizó.
En ese sentido, explicó que ambos acusaron directamente a varios miembros del Estado de la época, como el exdirector del Centro de Investigación Judicial Javier Cazal y los agentes policiales Antonio Gamarra y José David Schémbori. Aseveró que quedó comprobado que ninguno de ellos participó del hecho del cual habían sido acusados y esto está detallado en los 13 tomos entregados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como prueba en el juicio.
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Agregó que Arrom y Martí identificaron plenamente a los acusados y, por ello, partieron de esa base para la línea investigativa. Una vez que descartaron la participación de esos miembros del Estado, se agotan las hipótesis posibles debido a que las supuestas víctimas salieron del país y no había manera de seguir recabando datos que lleven a determinar otros culpables. “No estamos con la obligación de fabricar un culpable, pero sí observamos día tras día las mentiras”, agregó en otro momento.
“Llega un punto en el que debemos llegar a una conclusión”, señaló sobre el porqué cerraron el caso sin determinar a ningún culpable. Además, dijo que lo que más “les gustaría es que (Arrom y Martí) se sometan a la justicia” paraguaya.
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Arrom y Martí demandaron al Estado y exigen una indemnización de US$ 63 millones por supuesta "desaparición forzada y tortura". Los dos afirmaron que intentaron coaccionarlos para declararse culpables del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, quien incluso en su momento llegó a identificar plenamente a Martí como uno de sus captores.
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