Chicharõ se complica más

La situación del político colorado y diputado suplente por Amambay, Carlos Rubén “Chicharõ” Sánchez Garcete, y de sus dos hermanos se complica cada vez más. En una nueva imputación contra los tres, la Fiscalía asegura que se beneficiaron del narcotráfico.

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El Ministerio Público presentó el martes una nueva imputación contra el diputado suplente por Amambay Carlos Rubén “Chicharõ” Sánchez Garcete, y sus hermanos Ardonio y Denilso (intendente del distrito de Capitán Bado). Los tres hermanos afrontan un proceso por supuesto lavado de dinero y, tras la ampliación presentada por la Fiscalía, ahora soportan cargos también por haberse beneficiado del narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal para la comercialización de sustancias prohibidas.

Según explicaron fuentes de la Fiscalía a ABC Color, la imputación presentada el martes contra los Sánchez Garcete hace referencia a los artículos 44 y 42 de la ley de drogas de nuestro país.

El artículo 44, habitualmente conocido como el que hace referencia al microtráfico, señala: “El que a sabiendas comercie, intervenga de alguna manera o se beneficie económicamente, por sí o por interpósita persona, del producto de la comercialización ilícita de las sustancias o materias primas a que se refiere esta Ley será castigado con penitenciaría de cinco a quince años”.

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Mientras que el artículo 42 habla de la asociación para obtener beneficios y otras actividades ilícitas como la disimulación o el ocultamiento de bienes conseguidos gracias a la comercialización de sustancias prohibidas.

Chicharõ fue condenado en junio de 2010 por el juez federal brasileño Odilón de Oliveira por lavado de dinero vinculado al narcotráfico. “Yo lo condené por lavado de dinero, porque él adquirió bienes lavando dinero proveniente del narcotráfico. Él es narcotraficante, reconocido en mi sentencia que ya es definitiva”, dijo De Oliveira en una entrevista exclusiva con ABC Color en diciembre de 2014.

“Hace del tráfico su medio de vida, arruinando la vida de muchas personas y destrozando familias. Gana dinero causando miseria”, se puede leer textualmente en la condena que le dio De Oliveira a Sánchez el 10 de junio de 2010. Para el juez no quedan dudas y se ratifica: “Él es traficante”.

Durante el proceso judicial en Brasil, se detectó que poseía cuentas bancarias con grandes sumas de dinero en el vecino país. La justicia brasileña consiguió romper el sigilo bancario de Sánchez para encontrar que tenía un gran movimiento financiero en depósitos. En enero de 1999, por ejemplo, recibió un depósito de 97.293,05 reales (unos G. 180 millones al cambio actual); en el 2000 recibió 160.192; y en 2001, 32.160.

Justamente ese antecedente es tomado en cuenta por los fiscales para sostener que con el dinero de la droga incrementaron en nuestro país sus ganancias, a través de operaciones financieras y empresariales.

Llamativamente, los hermanos Sánchez Garcete comenzaron a experimentar un incremento de bienes y negocios desde 2007, convirtiéndose en socios comerciales. De acuerdo a la imputación, los hermanos intentaron lavar dinero a través de dos empresas: “Lilian Mercedes SA”, con un capital societario de G. 8.000 millones y “Norte Porã SA”, que tiene un capital de G. 200 millones; ambas casi sin movimientos ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

También obtuvieron tres préstamos del Fondo Ganadero de US$ 350.000, US$ 200.000 y G. 2.100 millones, siendo los dos primeros cancelados íntegramente y el último casi en la totalidad.

Para la Fiscalía, la única fuente razonable del dinero que mueven los Sánchez Garcete es el rédito obtenido por la comercialización de estupefacientes, motivo por el cual Carlos Rubén ya había sido condenado en Brasil.

La primera noticia que tuvieron las autoridades brasileñas de la vinculación de Sánchez con el narcotráfico se dio ya en el 2000. El 6 de febrero de aquel año, un hombre llamado Ademir Machado Primo fue detenido mientras transportaba unos 2.429 kilogramos de marihuana camuflada en un cargamento de madera. La investigación demostró que Carlos Rubén Sánchez era el dueño de un aserradero establecido en Capitán Bado, donde se había cargado el camión.

Luego de su condena en Brasil, Sánchez huyó y la justicia brasileña declaró su rebeldía y solicitó orden de captura internacional. Su abogado, Marcus Vinicius Bernardes Gusmao, presentó varias solicitudes de hábeas corpus que fueron rechazadas por el ministro Moura Riberio, relator de justicia en el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región.

Pese a encontrarse prófugo, Chicharõ decidió presentarse como candidato a diputado suplente por el departamento de Amambay formando parte del movimiento liderado por Marcial Lezcano, de la línea de Castiglioni y Zacarías Irún.

El 8 de setiembre de 2013, casi cinco meses después de haber sido electo, Sánchez fue detenido durante un sorpresivo operativo realizado por efectivos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y encabezado por los fiscales Isaac Ferreira y Marcelo Pecci, en la zona céntrica de la ciudad de Capitán Bado.

Sánchez tenía una orden de detención con fines de extradición firmada por el juez paraguayo Pedro Mayor Martínez, que obedecía al mandato de prisión que había emanado Odilón de Oliveira. “Se solicitó la extradición, pero la defensa pidió que se transfiriera la ejecución de pena aquí en Brasil para que él la cumpliera en Paraguay. Como tenemos un tratado entre Brasil y Paraguay, dimos lugar, entonces él ya está ligado directamente, o condenado, a las autoridades judiciales en Paraguay”, explicó De Oliveira.

Chicharõ fue trasladado al penal de Tacumbú, donde permaneció recluido hasta el 11 de setiembre de 2014 cuando el mismo Pedro Mayor Martínez decretó su prisión domiciliaria.

Volvió a ser detenido en mayo de 2015, luego de que el fiscal Marcelo Pecci ordenara su captura en el marco de la causa que actualmente afronta por lavado de dinero junto a sus dos hermanos.

Los agentes piden al juez Humberto Otazú la prisión preventiva de los tres. Actualmente, Carlos Rubén y Ardonio gozan de libertad ambulatoria, mientras que Denilso, quien fue electo intendente de Capitán Bado estando prófugo, está preso en Tacumbú.

El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú se inhibiría hoy del caso de los hermanos Sánchez Garcete, según una versión que trascendió ayer. El magistrado interviene en el caso de lavado de dinero y había dictado la prisión de Carlos y Ardonio en Tacumbú por seis meses y luego les otorgó un arresto domiciliario, para finalmente darles libertad ambulatoria por orden de la Cámara. Denilso, sin embargo, sigue en Tacumbú.

Esta es la primera vez que la justicia paraguaya habla explícitamente de los supuestos vínculos de Sánchez Garcete con el narcotráfico.

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