Conductores deben pagar por falencias de Opaci

Tras la unificación de la base de registros de conducir -manejada por Opaci- ya son varias las denuncias de duplicación o triplicación de datos de conductores que antes de renovar sus licencias deben cancelar las que supuestamente tramitaron antes.

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Bernardino Mercado denunció que tuvo que pagar el canon por cancelación de licencias que supuestamente se expidieron a su nombre en otros municipios, ya que al acudir a gestionar su registro de conducir (hoy vence el plazo) le comunicaron que no tenía otra salida.

Este no es el primer caso en que identidades de conductores aparecen duplicadas o hasta triplicadas en diferentes municipios, luego de la unificación de la base de datos manejada por la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci).

El denunciante aseguró que ningún documento con su firma le fue expuesto por los funcionarios que le indicaron que debía realizar dicho trámite; sin embargo, dijo que no le quedó más opción que pagar porque necesitaba viajar con urgencia. Aseguró que conoce a varias personas a las que les ocurrió exactamente lo mismo.

La existencia de esta “falencia” había sido reconocida ante este diario por María Cristina Gueyraud, jefa de la División de Licencias de Conducir de Opaci; sin embargo, aseguró que esto sólo ocurre en los casos de personas que con anterioridad expidieron registros en otros municipios sin hacer el trámite de cancelación.

Los ingresos de la cuestionada organización -una ONG que por años cobró irregularmente un canon de G. 10.000 y G. 20.000 por expedición y perforación del registro de conducir- están en la cuerda floja luego de que el Congreso Nacional sancionara la semana pasada un proyecto de ley que elimina ese cobro. Este documento está ahora en manos de Cartes para su promulgación o rechazo. Sus autoridades se encuentran haciendo lobby actualmente para buscar el veto del proyecto.

Si Cartes promulga este proyecto, la recaudación de Opaci no cesará, ya que también retiene ilegalmente un 0,20% sobre los montos por transferencias de bienes raíces y operaciones de crédito (hipotecas). Este es un impuesto genuino de las municipalidades, pero la Opaci, bajo el ropaje de “deudas atrasadas” en muchos casos, no transfiere a las Comunas. Las municipalidades también pagan una cuota anual de hasta G. 4 millones para ser socias.

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