Contraloría asegura que remitirá DD.JJ. al Senado

La Contraloría General de la República (CGR) respondió a las críticas del senador Paraguayo Cubas, quien los acusó de frenar la remisión de Declaraciones Juradas de autoridades. Insisten que están en proceso de responder, pero que implica mucho tiempo.

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"Imagínense, la Contraloría -por darles una idea que es un tipo que está en segunda línea en todo este asunto- no responde al Senado de la Nación desde diciembre pasado sobre todas las declaraciones de bienes y rentas", indicó esta mañana el senador Paraguayo Cubas, en entrevista antes de la sesión extraordinaria del Senado esta mañana.

"Se tomó el tupé de decir que va a tardar más tiempo que aquel que la Constitución y la ley le impone, porque él no tiene el tiempo suficiente para imprimir las declaraciones", cuestionó Cubas y ratificó: "Vamos a conseguir las declaraciones".

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La Contraloría insiste en que el nuevo contralor Camilos Benítez (quien reemplazó Enrique García) el 16 de mayo pasado comunicó al presidente del Congreso, Silvio "Beto" Ovelar, que el 3 de junio iniciarían los trabajos para cumplir con el pedido.

No obstante, el pedido ya se hizo el 2 de noviembre del año pasado, y desde entonces se vino dilantando, primero con un pedido de prórroga de 120, los cuales ya pasaron de vuelta.  

Entre los expedientes que están preparando figura está incluido desde el presidente de la República, Mario Abdo Benítez hasta todos los ministros de su gabinete. También se remitirá la declaración jurada del contralor Camilo Benítez.

No obstante, la solicitud es más amplia y faltarán las declaraciones de todas las autoridades del Poder Legislativo y Judicial, así como de otros ente autónomo. 

Independientemente a este pedido, que está amparado en el artículo 192 de la Constitución Nacional, la Contraloría mantiene un litigio en la Justicia para impedir que la ciudadanía acceda a los datos de bienes de las autoridades.

La reticencia de la Contraloría se mantiene pese a que dos jueces confirmaron que corresponde la publicación de los datos al ser información pública, aunque una jueza falló en contra -con un cuestionado fallo-, por lo que la palabra final posiblemente lo tenga la Corte Suprema de Justicia.   

 

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