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Los arrozales intervenidos se encuentran en la cuenca alta del río Tebicuary y no cuentan con la licencia ambiental correspondiente.
La maniobra realizada por los funcionarios de la ANDE de la ciudad de Caazapá, encabezados por Aldo Chamorro, fue durante una diligencia judicial de anticipo jurisdiccional de pruebas llevado a cabo por el juez penal de garantías de esta ciudad, a pedido de la fiscala especializada en medio ambiente Karina Escurra. Además del magistrado de garantías y la agente fiscal, participó de la diligencia judicial la ministra del Ambiente, María Cristina Morales.
La primera diligencia fue realizada en la propiedad de Prisciliano Villalba, ubicada en la compañía Santa Rosa de Lima, donde los interventores pudieron comprobar que un enorme motor de 300 HP estaba trabajando a toda máquina para bombear agua del Tebicuary hacia un cultivo de arroz que tendría cerca de 400 hectáreas.
El juez Ortiz ordenó a los funcionarios de la ANDE realizar el corte de energía eléctrica y que el tablero principal sea lacrado de tal forma que no se pudiera volver a utilizar.
La agente fiscal argumentó su pedido al juez amparada en la Resolución Nº 288-13 de la Seam, que prohíbe el bombeo hacia los arrozales cuando el nivel del agua del río está bajo, tal como ocurre actualmente.
Igualmente, todas las maquinarias como sembradoras, tractores y camiones que estaban en el lugar fueron incautadas.
Cuando el procedimiento estaba terminando se presentó en el lugar el propietario, Prisciliano Villalba, asegurando que contaba con todos los papeles correspondientes y fue emplazado por las autoridades en 48 horas para la presentación de la licencia. Sin embargo, la ministra del Ambiente, presente en el lugar, indicó que dicho proyecto no contaba con licencia ambiental vigente.
Posteriormente, los intervinientes se constituyeron en una parcela de tierra ubicada dentro de una colonia de Indert, donde igualmente se comprobó que cultivos de arroz sin licencia ambiental estaban utilizando agua del río Tebicuary. El emprendimiento está a cargo de un tal Óscar Chivas, de Itapúa, quien alquila las tierras de los beneficiarios de Indert identificados como Nicolás Ayala, Idelfonso Sanabria y Milcidades Arrúa.
En el lugar se comprobó que se encuentran dos motores de 100 Hp cada uno y que uno pertenece a Óscar Chivas. El otro arrocero de las tierras del Indert es José Matiauda, quien sería igualmente de Itapúa y arrienda una parcela de la familia Schulz Grulke.
Según datos brindados por la fiscala de Medio Ambiente de Caazapá, Karina Escurra, los procedimientos seguirán porque el agua del Tebicuary ya está muy bajo. El calor y las distancias entre los cultivos imposibilitaron llegar a más parcelas.