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Amancio Florentín, quien actuó de vocero de los jubilados que exigen la intervención de la caja bancaria del Banco Central del Paraguay (BCP), dijo a ABC Color que “existe una mano negra” en la Fiscalía que condujo al sobreseimiento y el cajoneo de las denuncias de irregularidades cometidas por las autoridades de la Caja.
De cinco denuncias presentadas, la única denuncia que prosperó fue la de una “financiera mau” que fue instalada en la misma caja bancaria que arrojó una millonaria pérdida de G. 3.400 millones.
Las irregularidades consisten principalmente en el mal desempeño de las funciones de los directivos, malversación, licitaciones irregulares y la discriminación a los jubilados que denunciaron estos hechos ante la justicia que ahora no pueden acceder a créditos u otros beneficios de la Caja.
“El Banco Central es cómplice” de las irregularidades ya que el presidente del BCP, Carlos Fernández Valdovinos, está al tanto de la cuestión pero “se calla” y decidió “encubrir” a los responsables, denunció Florentín que además aseguró que la caja bancaria está en “déficit” pero que actualmente esto pasa desapercibido porque el Banco cubre los saldos negativos.
Los mismos jubilados se manifestaron el año pasado frente a la vivienda del titular del BCP para que este interviniera en la Caja pero, según expresó Florentín, no hubo éxito en la medida de fuerza adoptada.
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Conforme al vocero, todo esto se inició en octubre del año 2016 cuando asumieron el actual presidente de la Caja, José Antonio Caballero Bobadilla, quien había sido imputado el año pasado, y los miembros del consejo: Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro Ortiz y Xavier Alberto Hamuy Campos, quienes además cuentan con el apoyo de una treintena de jubilados quienes fueron contratados como funcionarios del consejo.
Este año habrá elecciones en la Caja y Florentín manifestó que Caballero y su comitiva pujarán nuevamente por los cargos del Consejo de Administración y que será "difícil" oponerse ya que ellos cuentan con el apoyo del Banco.
Asimismo, las denuncias presentadas ante la Fiscalía están basadas en documentos oficiales y resultados de la auditoría interna que realizó el BCP, sin embargo, el ente bancario no denunció las irregularidades sino todo lo contrario, las cubrió.
Los jubilados esperan que las autoridades intervengan la Caja que tiene a más de 2.600 funcionarios jubilados y a 12.000 activos.
Florentín incluso dijo que responsabilizarán a las autoridades de las muertes de los jubilados que se den por culpa de la malversación de la Caja ya que agotaron todas las instancias pertinentes y nadie se pronunció.