Edil de San Pedro sigue sin ser detenido

CAPIIBARY. Insisten en que la Policía debe detener al concejal departamental Pablino Ortiz Benítez (UNACE), de Capiibary, por contar con una orden de captura en el marco de un proceso por violencia intrafamiliar, hurto y coacción.

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Según la denuncia, el edil departamental Pablo Ortiz Benítez y sus hermanos supuestamente despojaron de una vivienda a su sobrino de 22 años, con aparentes trastornos psicológicos y que quedó huérfano de padre y madre.

Ortiz Benítez se encuentra imputado y pretende evitar la cárcel, pero en un caso de violencia intrafamiliar el juez no puede otorgar medidas alternativas a la prisión. El fiscal ya había solicitado prisión para el concejal; sin embargo, hasta ahora no es detenido, aunque su vivienda está en pleno centro de Capiibary.

El miércoles último se lo intentó detener, pero el edil corrió y se refugió en su casa, por lo que se solicitó una orden de allanamiento a la jueza Mirtha López Molas, pero, según la Policía, el fiscal Rusbell Benítez no llegó hasta el sitio, por lo que no se lo pudo apresar.

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El fiscal Rusbell Benítez López había explicado que los exámenes psicológicos habían confirmado que hubo violencia, por lo que procedió a la imputación. El padre del joven falleció unos meses atrás a raíz de un infarto y, tras el hecho, los hermanos Ortiz Benítez habrían intimidado a su sobrino hasta despojarlo de la vivienda.

El defensor del joven denunciante, el abogado Alfonso González, refirió que ya solicitó la rebeldía del concejal departamental. La Policía informó que está tras los pasos del edil para detenerlo y ponerlo a cargo de la justicia.

Por su parte, Cintia Cuenca, representante legal de la familia Ortiz Benítez, dijo que presentó una apelación de la resolución que sacó el juez Víctor Manuel Escobar y el Tribunal de Apelación de San Pedro del Ycuamandyyú deberá resolver el caso en estos días. Agregó que su cliente se presentará ante la justicia esta semana. 

Explicó que actualmente se encuentra realizando las diligencias ante el Ministerio Público. El fiscal Rusbell Benítez López imputó a su cliente por apropiación y no por violencia, sostuvo Cuenca Garcete.

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