Critican a parlamentarios que actúan de abogados

Que haya legisladores que ejercen como abogados particulares “rompe el principio de igualdad” ante la ley porque se mal utilizan los fueros, y si bien la incompatibilidad está expresa, no se cumple, reclamó Rubén Galeano, titular del Colegio de Abogados.

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Permitir a legisladores litigar como abogados particulares “hace que los fueros se puedan volver un blindaje a la actuación profesional, siendo que no están para eso, sino para blindar la actuación parlamentaria, no para el ejercicio de una profesión”, dijo Galeano, trayendo a colación un reclamo remanido de los abogados, que muchas veces se ven en desventaja al tener a políticos con fueros enfrente.

Y no solo eso: dijo que hay posibilidad de que los políticos puedan usar sus influencias -como ya ocurrió en el caso de Óscar González Daher, entre otros-. “Existen otras varias variables que nos ponen en desventaja al momento de litigar. Por decir, puedo tomar una postura firme en una audiencia y a mí el magistrado me puede arrestar y al parlamentario que toma la misma postura no, porque tiene fueros, o sea, se rompe el principio de igualdad”, comentó.

Por dicho principio de igualdad ante la ley garantizado por la Constitución Nacional es que considera incompatible que legisladores ejerzan la profesión, algo que saltó a la palestra de vuelta con el caso del diputado Ulises Quintana, imputado por tráfico de drogas en calidad de cómplice en el caso de Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho.

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Quintana supuestamente ejercía en paralelo a su función parlamentaria la labor de abogado y, en ese contexto, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) lo grabó llamando a “consultar” sobre la detención del secretario privado de Cucho, que cayó en una barrera policial con US$ 190.000 sin respaldo legal y que luego fue liberado.

Galeano remarcó que, si bien en algunos tribunales civiles hay precedentes de que no se admitió que legisladores litiguen, por lo general la Corte Suprema de Justicia no hace cumplir la incompatibilidad.

Insistió en que ni siquiera es necesaria una ley especial para prohibir este tipo de prácticas. “La incompatibilidad existe, lo que no hay es voluntad de los ministros de Corte”, reclamó, abogando porque el propio Poder Judicial haga primar lo que establece la ley.

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