Fiscal pide mayor prevención de ciberdelitos contra menores

La fiscal contra la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes de Paraguay, Teresa Martínez, dijo hoy a Efe que es necesario un mayor esfuerzo de educación para prevenir ciberdelitos contra menores de edad.

Martínez denunció que en Paraguay las empresas prestadoras de servicios de internet y telefonía no imponen ningún tipo de control ni restricción en el uso de teléfonos celulares y computadoras por parte de niños, niñas y adolescentes, que tienen acceso a todo tipo de páginas, incluyendo las que contienen pornografía.

Añadió que los adolescentes pueden producir y difundir imágenes, y algunas veces toman fotografías de carácter sexual y las comparten a través de las redes sociales, en la práctica conocida como “sexting”.

La fiscal explicó que, en muchos casos, los menores comprenden los riesgos de estos hechos solo una vez que sus imágenes han sido publicadas y difundidas de forma masiva.

“No tenemos ninguna ley que permita preservar los datos de tránsito, de forma que podamos investigar quiénes cometen este tipo de delitos en internet. Tampoco hay restricciones cuando las empresas venden teléfonos celulares, acerca de si el usuario es o no mayor de edad”, detalló.

Martínez agregó que la falta de control sobre los contenidos a los que acceden los menores de edad también deriva de la falta de conocimiento en nuevas tecnologías de muchos padres, y de la ausencia de educación sexual en las escuelas.

“Estos contenidos no se pueden aislar del proceso de educación, se deben incorporar en la malla curricular para que los niños, niñas y adolescentes puedan defenderse de estos hechos”, declaró.

Martínez recordó un caso destacado en el que, en 2014, la falta de control del acceso a internet derivó en la violación de dos menores en la penitenciaría de Tacumbú, la mayor de Paraguay. Las adolescentes habían sido contactadas a través de internet por varios reclusos del penal, que tenían acceso a las redes gracias a una biblioteca destinada a capacitarles para su reinserción.

Las dos jóvenes ingresaron en el penal portando documentación falsa y, una vez dentro de la cárcel, entraron a la celda de los internos, donde padecieron abusos sexuales.

La fiscal explicó que el ingreso de menores sin acompañantes en la cárcel está prohibido, y enfatizó que el acceso a internet de los presos debería estar controlado para evitar que sigan cometiendo delitos aún dentro de la prisión.

Por ello, Martínez considera que el entonces director de la penitenciaría de Tacumbú, Julio Acevedo, debe ser juzgado y castigado por un hecho de omisión, de manera que las dos víctimas puedan ser reparadas y reclamar una indemnización por los daños sufridos.

La Justicia paraguaya dictó un total de 1.169 condenas por abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes entre los años 2010 y 2015, según datos de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA).

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