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El fiscal del caso, Jalil Rachid, explicó que el hombre debe parar la actividad de desmonte hasta tanto se resuelva el tema de la propiedad y los límites con la reserva de Mbaracayú.
“El señor no tiene ningún título de propiedad ni ningún documento ambiental; le exigimos la documentación y no tenía”, explicó Rachid en comunicación con la 780 AM.
Así también, informó que están esperando las imágenes de la Seam para determinar las áreas que fueron afectadas. Sin embargo, durante las verificaciones, ya se notaba una parte despejada del bosque que se usaba para pastura, indicó.
Por su parte, el juez de Curuguaty, Carlos Goiború, quien concedió a favor de Fernández el interdicto de la posesión del predio, dijo que el caso desmonte debe aclararse ante un juez penal.
“A mí no me pueden pedir actuar en este caso porque no soy juez penal, soy juez civil, y esto se trata de un delito ambiental”, explicó.
La Seam constató “in situ” la depredación de bosques nativos del Mbaracayú y elevó un informe a la Fiscalía en el que responsabiliza del crimen ecológico a los hermanos Ladimir y Emiliano Fernández Moraga.
Estos ingresaron días atrás a una propiedad de la Reserva del Mbaracayú, con una orden judicial en mano y resguardados por la Policía Ecológica (APER), y procedieron a la tala de bosques y apertura de picadas.
Organizaciones como Guyra Paraguay y la Fundación Moisés Bertoni manifestaron su repudio a la invasión, atropello y deforestación dentro de los límites de la Reserva Natural, teniendo en cuenta que la zona está protegida por la Ley de Deforestación Cero.