/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/AHJTHRVQQRCI7JMWB2TJF3WUIE.jpg)
Cargando...
Jiménez se refirió a los cuestionamientos a la ley de alianza público-privada, promulgada en la víspera por el presidente Cartes.
Las críticas se enfocan en que la normativa aparentemente excluye a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y da paso a manejos discrecionales de los acuerdos con el sector privado.
Igualmente, hay sectores que aseguran que se trata de una ley de concesión encubierta, que apunta a evitar el control por parte del Parlamento y otorga superpoderes al Ejecutivo.
“La APP es un esquema diferente a la concesión, es importante aclarar eso. Una APP no es una concesión”, aseveró Jiménez, en contacto con Canal 100.
Garantizó que todos los procesos serán puestos a consideración de la ciudadanía, a fin de evitar rumores de corrupción.
“Vamos a transparentar todos los procesos, explicarlos, transparentarlos. Todo estará disponible al público antes de la firma de cualquier acuerdo”, sostuvo.
Aseguró que la ley de APP apunta a mantener “un espíritu de mantener la información pública”.
Comentó que incluso se prevé la conformación de una comisión del Parlamento para realizar un seguimiento de los futuros acuerdos con las firmas privadas.
Igualmente, habrá otras instancias del Estado que ejercerán control sobre las negociaciones, según adelantó.
El secretario de Estado valoró la ley de alianza público-privada, ya que establece un nuevo marco de negocios.
La normativa fue impulsada a fin de establecer acuerdos con el sector privado para potenciar servicios y obras públicas.
El argumento es que el Estado no cuenta con fondos suficientes para todas las necesidades, por lo que se requiere de capital privado.