Indert: tierras de Marina Cue son del Estado

El Indert dio a conocer hoy un comunicado en que “afirma categóricamente” que las tierras ubicadas en el distrito de Curuguaty, conocidas como Marina Cue, pertenecen al Estado paraguayo.

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Esta aclaratoria se produce tras un pedido hecho a inicios de esta semana por la Iglesia católica y los familiares de los muertos en esas tierras, en junio de 2012, durante un operativo de desalojo.

“El instituto reivindica sus derechos en cada una de sus presentaciones judiciales y, en tal sentido afirma categóricamente que las tierras ubicadas en el distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, conocidas como Marina Cue, pertenecen al Estado paraguayo”, manifiesta el comunicado dado a conocer hoy.

Tras la aclaración, se cita el decreto Nº 29.394, del 9 de octubre de 1987 ,por el cual se aceptaba la donación a favor del Estado paraguayo de 2.000 hectáreas de tierras ofrecidas por la Industrial Paraguaya S.A.

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También se reitera la existencia del decreto Nº 3.532, de fecha 4 de octubre de 2004, que declara al inmueble de interés social y disponía su transferencia en forma gratuita a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), para ser aplicado de acuerdo al Estatuto Agrario.

En cuanto a los procesos en los tribunales, el Indert recuerda que la Corte Suprema de Justicia resolvió a favor del instituto, mediante el Acuerdo y Sentencia Nº 234, de fecha 23 de abril de este año, otorgando así el derecho de seguir litigando en esta causa.

“Nuestros representantes legales continuarán sus esfuerzos en defensa de los derechos del Estado paraguayo sobre las 2.000 hectáreas”, indica el texto.

La propiedad en cuestión es la finca N° 9 de Curuguaty, que es un desprendimiento de la finca madre N° 30 del distrito de Hernandarias, de 2.000 hectáreas de Curuguaty, donde murieron 11 campesinos y seis policías el 15 de junio de 2012.

Una semana luego del enfrentamiento, se produjo la destitución del entonces presidente de la República, Fernando Lugo, en un controvertido juicio político.

Las tierras en disputa son reclamadas además por la empresa Campos Morombí, de la familia de Blas Riquelme, un fallecido líder del Partido Colorado. La firma había solicitado el desalojo que terminó en la matanza.

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