Intendentes piden más plata de Fonacide y menos control

Intendentes y gobernadores piden más dinero del Fonacide para merienda escolar; flexibilizar su blindaje y rendición de cuentas y redistribuirlo según población de alumnos, no según habitantes. Lo dijeron en una audiencia pública para cambiar la ley.

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El proyecto de ley fue presentado por el senador Abel González (PLRA, llanista) ante decenas de intendentes de todo el país, gobernadores y funcionarios de diversos entes involucrados. El proyecto busca eliminar la preferencia en el reparto de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) a los distritos afectados por la represa de Itaipú. 

También pretende habilitar a las intendencias municipales a usar el 20% de los fondos recibidos en la  contratación de "personal técnico" calificado para la fiscalización de las obras en ejecución. El texto no aclara si habla de arquitectos u otros. También plantea que las municipalidades contraten servicios de transporte escolar, fortalezcan las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni), creen o mantengan centros de adictos a las drogas y albergues para ancianos.

La audiencia también sirvió para que se cuenten los dramas de  los municipios del país, principalmente el fracaso del programa merienda escolar. 

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Miguel Ángel Benítez Barboza (ANR), intendente de Karapâ’i, departamento de Amambay, quien la fecha sigue sin rendir royalties por G. 866 millones y Fonacide por G. 257 millones, fue el primer orador. Dijo que le “gustaba mucho” el proyecto de ley para que los municipios puedan comprar transportes escolares con el dinero de las regalías.

Luis Cardozo, titular de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, lamentó que la institución a su cargo no cuente con recursos ni personal necesario para la tarea de fiscalizar obras de Fonacide en todo el país. Subrayó que solo tienen cinco funcionarios para los 255 municipios y que recién desde marzo último hacen verificaciones in situ. Lamentó también que actualmente la Contraloría y la Auditoría hagan el mismo trabajo pero en forma descoordinada; "cada quien por su lado".

Julio César Brítez, intendente de Katueté, dijo que en su origen, el Fonacide solo debía beneficiar a los municipios afectados por la represa de Itaipú a lo largo del Río Paraná, pero que mediante un “negociado” en el Congreso se incluyó a Ciudad del Este y Presidente Franco, restándoles dinero. Propuso cambiar la distribución del fondo para que el 50% que reciben los distritos se destine en alimento escolar.

Sostuvo que el MEC nunca invirtió en sus instituciones educativas en su ciudad y lamentó que la prensa solo vea los errores de los intendentes. También cuestionó que el Ministerio de Hacienda prohíba comprar aparatos acondicionadores de aire con recursos del Fonacide pese a que en el verano son una necesidad básica para los alumnos.

Germán Gneiting (ANR), intendente de Carmen del Paraná, también lamentó que la ciudadanía y la prensa "achaquen" a los jefes municipales cuando las intendencias solo reciben el 25% del Fonacide mientras que otras entidades manejan el 75%. También se quejó por la obligación de rendir gastos a la Auditoría del Poder Ejecutivo y a la Contraloría General de la República.

“Nos castigan las rendiciones. Tenemos que llamar la atención de la Auditoria y la Contraloría. Hay problemas para hacer las rendiciones. Los plazos que nos imponen son de cumplimiento imposible”, dijo para respaldar un pedido de flexibilizar las fechas de rendición.

“No digo que no se nos controle”, aclaró e indicó que necesitan personal capacitado para preparar los documentos de rendición exigidos.

Armando Gómez (PLRA), intendente de Lambaré, recordó que en su municipio se cayó el techo de una escuela construida con dinero del Fonacide. Sin embargo, lamentó que actualmente exista una “cacería de brujas” contra los intendentes pese a que la responsabilidad debe caer en los fiscales de obras. Finalmente urgió modificar la distribución del Fonacide según la cantidad de alumnos, no según la cantidad de habitantes.

Lorenzo Encina, asesor del intendente de Santa Elena, Miguel Olmedo (ANR), pidió aclarar en el proyecto de ley que los municipios estarán habilitados a comprar transportes escolares con dinero del Fonacide.

El intendente de Concepción, Alejandro Urbieta (PLRA), vaticinó que la ley de Fonacide tendrá muchas modificaciones más. Dijo que anteriormente los intendentes podían contratar a productores y campesinos para preparar el almuerzo escolar y que ahora se les coartó esta facultad.

El jefe municipal denunciado por supuesta malversación del Fonacide, recordó que en su caso usó estos fondos  para garantizar la construcción de un teatro en Concepción “para que los niños demuestren sus talentos”.

Juan Manuel Ávalos (FG), intendente de Lima, pidió que además del artículo N° 4 de la ley del Fonacide, en el futuro también se modifique el artículo N° 3. Se mostró a favor de modificar la distribución del Fonacide ya sin priorizar a las ciudades afectadas por las represas y lamentó que este año su municipio recibiera menos fondos debido la creación de nuevos distritos. Dijo que el año pasado solo pudieron cubrir el almuerzo escolar por 90 días.

La directora Ejecutiva de los Fondos para la Excelencia (FEEI), Carmen Romero, hizo una autocrítica y reconoció que la entidad tiene unos US$ 400 millones sin ejecutar. “Todos tenemos que mejorar”, fue su justificación. Dijo que tras leer el proyecto de ley, apoyan la distribución de fondos según cantidad de estudiantes. “El territorio inundado por las represas no tiene nada que ver con la educación”, dijo.

Pidió poner topes en el proyecto a la cantidad de funcionarios a ser contratados y que sería mejor destinar la mayor parte al Codeni. También se mostró a favor flexibilizar el blindaje de fondos ya que en algunos municipios sobran aulas mientras falta merienda escolar. Sobre la propuesta en la ley para que un municipio pueda comprar transportes escolares, dijo que era preferible licitar el servicio.

Francisco García, administrador de la gobernación de Concepción, urgió poner énfasis en la alimentación escolar. Lamentó que en dicho departamento solo se cubra el 25% del almuerzo a la población infantil. “¿A los demás alumnos les decimos que son personas de segunda categoría?”, se preguntó. En un momento dijo que si no se cubre el 100% del almuerzo escolar, habría que suprimir este programa.

Darío Medina (ANR), gobernador de Boquerón, pidió buscar una distribución equitativa ya que el Chaco no es muy poblado, pero posee una gran superficie con 137 comunidades indígenas. Contó que solo el lunes llegó el almuerzo escolar a las comunidades nativas, después de tres meses ya que primero hubo que construir los caminos para llegar a esas comunidades.

Dijo que en Boquerón, no solo los niños van a la escuela en búsqueda del almuerzo escolar, sino también sus padres. “Tenemos una gran ausencia del Estado. ¡Cómo podemos hablar de mejor educación si no tenemos caminos!”, lamentó.

Omar Laterza Escudero, abogado de la Auditoría del Poder Ejecutivo, cuestionó que el proyecto de ley busque crear órganos de control del uso de Fonacide cuando se debe fortalecer los organismos existentes como la Auditoria y la Contraloría.

La senadora Hermelinda Alvarenga (PLRA), exviceministra de Educación, pidió tener en cuenta en las construcciones de aulas a la educación inclusiva.

Ana Raquel Ortellado, directora de infraestructura del MEC, señaló que la mayor necesidad es la reparación de aulas y baños. Pidió a los intendentes y gobernadores mejorar la elaboración de sus proyectos para que sean más fáciles de aprobar y fiscalizar.

El gobernador de Ñeembucú, Luis Benítez (ANR) señaló que su departamento fue duramente golpeado por la crecida de los ríos; que tiene muchas escuelas bajo agua y adelantó que no dará la totalidad del almuerzo escolar.

Arnaldo Ramírez, contador de la Santa Rosa del Aguaray, dijo que apenas el 9% se cubre el almuerzo.

El gobernador de Caaguazú, Alejo Ríos (PLRA), dijo que la distribución actual del Fonacide solo demuestra que sigue vigente, desde la época de la dictadura, que Paraguay acaba en Calle última. “Hay que desempolvar la ley de la descentralizacion”, indicó. Aseguró que todos los países de la región han avanzado después de dar ese salto. Sostuvo que todos los gobernadores e intendentes están preparados para administrar estos fondos y que quienes roben el dinero del Estado deben pagar ante la Justicia.

El senador Abel González (PLRA), proyectista de la propuesta de ley, señaló que el mismo FEEI reconoce que tiene U$S 400 millones sin ejecutar y que el Paraguay necesita unos U$S 500 millones para resolver su problema de falta de aulas. Prometió hacer las modificaciones correspondientes a su proyecto para tratarlo en la cámara de Senadores en breve.

 

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