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La fiscala Karina Escurra y su marido Nery Abel Martínez fueron imputados por los fiscales Anticorrupción René Fernández y Natalia Fuster por los delitos de usura, enriquecimiento ilícito en la función pública y lavado de dinero. La pareja consiguió aplazar la audiencia de imposición de medidas que estaba marcada para hoy.
El juez Carlos Flores informó que tuvo que suspender la audiencia de imposición de medidas cautelares para los procesados a raíz de la presentación de un recurso de reposición con apelación en subsidio presentado por los abogados; Sebastián Quesada y Manuel Borgognon.
La defensa alega que el acta de imputación presentada por los fiscales René Fernández y Natalia Fuster no reúne los requisitos exigidos por el Artículo 302 del Código Procesal Penal. Sin embargo, esto sería directamente una chicana de los letrados para ganar más tiempo para la realización de la audiencia.
Por otro lado, la defensa técnica igualmente apeló la resolución del embargo preventivo, dictado por el juez de garantías Carlos Flores, sobre los bienes de la pareja hasta cubrir unos G. 1.800 millones.
Este caso se remonta a unas semanas atrás cuando un grupo de agentes del Ministerio Público encabezado por Natalia Fuster y René Fernández realizó una serie de allanamientos que afectó al Juzgado de Paz local a cargo de Nery Martínez, la unidad penal de la agente fiscal Karina Escurra, la vivienda de ambos.
Además de un local comercial donde funciona una financiera, a nombre de Javier Escurra y la palaciega casa de una funcionaria fiscal identificada como Laura Riveros, quienes supuestamente se dedican al rubro de la usura.
Los intervinientes incautaron evidencias de la casa de la fiscala Karina Escurra y su marido Nery Martínez consistente en dinero en efectivo que rondan los G. 140 millones y 8.000 dólares, además de cheques, pagarés y otros documentos.
La denuncia contra los procesados fue presentada por la comerciante Cheli Huttel, quien había recurrido a la usura buscando desesperadamente salvar sus negocios que se iban hundiendo.
Según los datos, los prestamos de la fiscala y su marido a la Cheli Huttel alcanzó la suma de G. 339 millones y generando intereses siderales que no pudo pagar. Su pareja Isaías Cañete Franco firmó un contrato privado por G. 1.800.000.000.