Llamativo interés en aprobar obra de más de G. 4.000 millones

SAN ANTONIO. La Junta Municipal aprobó por unanimidad la semana pasada debatir en una audiencia pública la construcción de un centro cultural de más de G. 4.000 millones.

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Sin embargo, llamativamente ayer dos concejalas incondicionales del intendente Raúl Mendoza (PLRA) presentaron un dictamen para tratar el veto del ejecutivo.

La edil Lourdes Espínola, pareja del intendente Mendoza, y la ex asesora jurídica Lina Coronel, también muy cuestionada por la entrega de casi 10 hectáreas de la ribera del río a una empresa privada, presentaron en la víspera un dictamen para allanarse al veto del ejecutivo.

El presidente de la corporación legislativa comunal, Víctor Dárdano (PEN), aclaró a sus colegas que existe una resolución, la 44/18, de llamar a una audiencia pública para socializar el tema, y el concejal Manuel Gómez (ANR) pidió posponer el pedido de las dos ediles. La bancada liberal optó por abandonar la sala de sesiones dejando sin quórum la reunión.

“Por unanimidad se resolvió la semana pasada el tratamiento del veto, sin antes de debatirlo en una audiencia pública, que se fijará después de las elecciones, pero sin embargo hoy dos concejalas presentaron un dictamen para allanarse al veto y ante la moción del concejal Manuel Gómez de postergar el tratamiento se retiraron”, explicó Dárdano.

Además de Coronel y Espínola abandonaron el recinto Idalino Mendoza, Édgar Arias y Víctor de la Cruz. Alcibiades Ayala estuvo ausente.

Dárdano indicó que la obra no forma parte del orden de prioridades para la ciudad ya que existen otras urgencias como la reparación de calles, puentes y recolección de basura. El proyecto que encara Mendoza representa el 20% del presupuesto total de la comuna, unos G.17.500 millones.

La Municipalidad adjudicó la obra a la empresa con la oferta más cara, la constructora Fenar, representada por Nery Passi Rumich, con una oferta de G.4.003.734.975. La comuna descalificó a las empresas con ofertas menores: la constructora Vital S.A. con una oferta de G. 3.998.670.436 y la empresa del ingeniero Antonio Cabrera con el monto de G.3.993.032.99. La junta rechazó la adjudicación y el intendente vetó el rechazo.

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