Más de 100 denuncias cajoneadas en el MEC

SAN LORENZO. Docentes y padres de familia afirman que las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias cajonean las denuncias contra la directora de la escuela Franklin Delano Roosevelt desde la época del ministro Raúl Aguilera.

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Los manifestantes exigen la destitución de Liliana Rosa Casamada Centurión, directora de la institución. Como medida de fuerza, esta madrugada los alumnos tomaron el local escolar. 

De acuerdo a un informe remitido el 26 de abril pasado al entonces ministro Raúl Aguilera, por el equipo interventor a cargo del Centro Regional Saturio Ríos del que depende la escuela Roosevelt, son varias las denuncias que pesan sobre la directora Liliana Casamada.

Incluso la profesora Nancy Esquivel, titular local de la Unión Nacional de Educadores, afirma que suman más de 150. Además, la directora se mostraba renuente a responder los pedidos de informe de los interventores.

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Uno de los casos tiene que ver con una reunión que solicitó el equipo interventor con la directora a causa de una denuncia del profesor de educación física Teodoro Ferreira, por supuesto maltrato. La mujer se excusó de participar de la reunión de mediación alegando que estaba abocada a la firma de planillas, en diciembre de 2017.

Tampoco hizo caso al pedido de entrega de copia de la llave de acceso a la Supervisión Pedagógica que funciona en el predio de la escuela, a fin de que los funcionarios, así como la supervisora, puedan ingresar. Además, se negaba a recepcionar convocatorias y un análisis de plan de mejoramiento de gestión institucional en la dimensión pedagógica, remitido por el equipo de auditores.

Justamente los padres reclamaron que la directora dejó sin profesor de educación física a los alumnos. Otros docentes como Joaquín Maidana y Wilma Ferreira denunciaron maltratos sufridos constantemente. La gente del equipo interventor quiso mediar, pero la directora se opuso.

Liliana Casamada también hizo caso omiso a un pedido de la intervención realizado el 5 de abril de 2018 a través del memorándum 53, en que se solicita que la institución provea los mecanismos para evitar que haya inequidad a la hora de solicitar la compra de materiales de apoyo pedagógico. Esto también fue incumplido.

Por otro lado, se remitió a los padres un aviso con sello de la dirección solicitando la realización de la inspección médica con un costo de G. 35.000 por cada uno de los 1.003 alumnos.

Sin embargo, el monto acordado en el acta de licitación con la empresa adjudicada Secma es de G. 27.500, por lo que los interventores también solicitaron una aclaración sobre qué se iba a hacer con la diferencia, que totaliza G. 7.522.500.

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