Senado ratifica su ley de financiamiento político

El Senado se ratificó este jueves su proyecto de ley de financiamiento político, que según los aprobado, impide recibir dinero de personas condenadas por delitos y no de las acusadas como pretendían Diputados.

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El proyecto planteado por Diputados fue rechazado por el Senado, que se ratificó en su versión, la cual ahora pasa al Ejecutivo. 

Entre los puntos polémicos, el texto del Senado rechazado eliminaba la disposición del inciso g) del artículo 62 que prohibía a los partidos, alianzas, movimientos o concertaciones recibir contribuciones o donaciones de personas acusadas por delitos graves vinculados al crimen organizado.

Con esto, de vuelta se aprobó una ley más displicente con el dinero sucio, ya que se estableció que únicamente una persona condenada no puede aportar a campañas, argumentando el principio de la presunción de inocencia.

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De esta manera, por ejemplo cuestionados políticos como Óscar González Daher con una fortuna familiar que ronda los G. 8 billones, o Rubén Sánchez, alias “Chicharõ”, investigado por lavado de dinero asociado al narcotráfico, podrán seguir aportando a partidos políticos hasta no estar condenados.

Según dijo en su momento el senador Arnaldo Giuzzio (actual titular de Senad), esta modificación iba a habilitar a las que personas sobre las que existen fundadas dudas de estar involucradas en delitos contribuyan a las campañas de los partidos, como el caso de sospechosos de delitos de narcotráfico.

Como punto relevante del proyecto aprobado si figura el inicio de controles desde las internas, algo no contemplado en el proyecto de la Cámara Baja, que solamente hablaba de comicios generales. Esto es importante ya que candidatos cuestionados (los cuales muchos se sospecha compran sus bancas) se aseguran los primeros lugares en las internas y con ello tienen mayores chances de entrar en las generales con las listas sábanas.

Igualmente, establecía que los partidos, movimientos, alianzas o concertaciones deben realizar una declaración jurada, dentro de los cinco días posteriores a la oficialización de las candidaturas presentadas, en la que se deberán consignar todos los activos y recursos al inicio de la campaña, para presentar ante la Subsecretaría de Estado de Tributación, a fin de obtener un identificador tributario que los individualice para el control del financiamiento de la campaña política.

Otro punto era que los partidos no podrán recibir contribuciones o donaciones anónimas que superen en una misma campaña electoral al equivalente a 10.000 jornales mínimos (unos US$ 140.000). La Cámara Baja había establecido un monto de 7.000 jornales mínimos. El tope vigente en la actualidad habla de 5.000 jornales mínimos. Con lo que de esta manera amplían el márgen de las contribuciones con financistas ocultos.

 

 

 

 

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