Nueva ley de ITV “es ilegal”

La nueva ley de Inspección Técnica Vehicular (ITV) que fue promulgada por el Ejecutivo contiene similares cuestiones ilegales al igual que una anterior que fue anulada por la Corte, señaló el abogado del gremio que nuclea a intendencias.

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El director jurídico de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), Héctor Ramírez, dijo a ABC Color que la ley promulgada por el Ejecutivo, la 4856/12, promulgada el 28 de diciembre de 2012 y vigente desde el 2 de enero de 2013, que aprueba la ITV, sigue conteniendo puntos que habían sido cuestionados anteriormente por las comunas agremiadas.

Refirió que esta nueva legislación supuestamente busca corregir los errores de la original, la 3850/09, pero esto no se logró. Ramírez dijo que los mismos fueron derogados y/o modificado, tras el reclamo del sector, que esgrimió cuestiones constitucionales que fueron atendidas por una sentencia de la Corte.

Entre las modificaciones se constata la reducción del 50% del costo de la inspección y la triplicación de los cánones municipales, del 5% al 15%. No obstante, la legislación mantiene en manos de la Dinatran el poder que tenía para mantener los contratos con los talleres habilitados por el organismo estatal, e inclusive, extiende los vínculos con los mismos de cinco a 10 años.

Ramírez manifestó que las concesiones hechas por la Dinatrán, aparte de mantenerse vigentes, se prorrogan. Dada esta situación, recién para el año 2023 las municipalidades tendrán la oportunidad de concesionar el servicio.

“La ley no está subsanando, no está corrigiendo, sino que se mantiene en esa misma transgresión constitucional ¿Qué decisión adoptarán los municipios, si accionarán o no? Ahora se está evaluando”, indicó.

Reconoció que la ley fue modificada buscando una salida a la situación, alivianando el reclamo municipal, triplicando el canon a favor de las comunas, pero recalcó que así como está sigue beneficiando a los talleres, manteniendo vigentes sus contratos por 10 años.

“Es una ley que corrige. Pero la parte central persiste”, explicó el asesor jurídico quien, según opinó, es un “intento de solución legal a una cuestión notoriamente ilegal”.

La Opaci tiene sesiones mensuales y en este momento se encuentra en receso y, recién a partir de la siguiente semana, la directiva pondrá fecha para tratar el tema. La ley afecta a los 250 municipios del país que, según la Constitución Nacional, gozan de autonomía.

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