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El cumplimiento de la pena mínima para casos de enriquecimiento ilícito fue el argumento esgrimido por el juez de Garantías, Gustavo Amarilla, para revocar la prisión preventiva y finalmente concederle el arresto domiciliario al considerado como “cerebro” del esquema por el cual se desvió poco más de G. 1.000 millones a través de tarjetas de combustible, informó Perla Silguero, periodista de ABC Color.
El magistrado detalló que tanto para la figura penal anteriormente citada, como también por estafa y producción de documentos de contenido falso, la pena mínima es de seis meses y el uniformado estuvo recluido por siete meses, a pesar de la oposición del Ministerio Público, representado por el fiscal Aldo Cantero.
Con el arresto domiciliario, Osorio no podrá cambiar de domicilio, tampoco salir del país, ni podrá comunicarse bajo ningún medio con los demás imputados en la causa, se aceptó además una fianza real de G 500.000.000 sobre una finca a ser embargada, desestimándose la fianza personal.
El fiscal Aldo Cantero expresó su malestar por la resolución del juez Amarilla, a razón de que la investigación continúa gracias a una prórroga extraordinaria para la presentación del acto conclusivo y habrá nuevos imputados como así también pedidos de prisión.
Con relación al caso Osorio, el agente sostuvo que debía seguir privado de su libertad por al menos un año que es la pena mínima para casos de enriquecimiento ilícito, por la tanto no descartó accionar contra la reciente resolución.
Según el Ministerio Público el daño patrimonial ala PolicíaNacionalfue de aproximadamente G 1.057.000.000 en un año, aunque la pérdida total sería ampliamente mayor. Con el dinero fruto del desvío, tanto Osorio, su esposa Ada Liz da Rosa actualmente en libertad, y el propio excomandante dela Policía, Francisco Alvarenga engrosaron notablemente sus respectivos patrimonios, con lujosas viviendas y vehículos de última generación.