Presupuesto 2017: más fondos para educación

“El presupuesto busca blindar programas sociales que creemos han sido exitosos para sobrellevar la situación económica muy difícil en la región. Transferencias a sectores de pobreza extrema, adultos mayores, viviendas sociales, educación y salud son claves para blindar a los sectores sociales más vulnerables”, explicó el secretario de Estado, informó Verónica Burgos, periodista de ABC Color.

Expuso que el presupuesto tendrá un incremento total del 4% y en términos de gastos salariales solo se incrementa 2%, destinado a las fuerzas de seguridad -policías y militares- “que, como todos saben, es un tema prioritario”. El Ministerio de Educación (MEC) será el más beneficiado por el Presupuesto, dijo Peña, pues recibirá un incremento del 8% con respecto al de 2015 “y en lo que respecta a la ejecución proyectada de este año va a ser un incremento de 15%”.

Peña dejó en claro que el Presupuesto no prevé otro tipo de aumento para funcionarios públicos. “Estamos buscando blindar programas sociales, por lo que no nos quedan recursos para incremento salarial. El incremento en el gasto salarial refleja solamente el incremento vegetativo en las fuerzas de seguridad”.

Los docentes ya están en conocimiento de que no serán beneficiados con el reclamado aumento, sostuvo el secretario de Estado, pues en la víspera se realizó una reunión con autoridades del MEC donde fue presentado el Presupuesto 2017 de la cartera. En ese sentido, el aumento para el MEC es solo para infraestructura. “Es un flagelo constante que los chicos estén expuestos a derrumbes, por ello plasmamos una fuerte inversión en infraestructura”.

Mientras que para el Ministerio de Salud, dijo, se mantiene el mismo presupuesto vigente de este año, “pero como consecuencia de la aplicación del plan financiero de este año, el Ministerio no ha podido recibir el 100% de sus recursos de este año, lo que significa que van a tener el próximo año un aumento efectivo”. Dijo que también para 2017 está programada la emisión de bonos, por un valor aproximado de US$ 558 millones, casi 15% menor al permitido en 2015.