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La intendenta es esposa del parlamentario del Mercosur Juan Bogado (ANR). Ocho miembros de la Junta Municipal aprobaron el pasado 28 de noviembre el pedido de intervención por supuesto daño patrimonial de unos G. 1.300 millones de obras varias adjudicadas en forma directa y que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) había declarado irregular.
Los ediles que firmaron el pedido de la intervención son los colorados Guillermo Lovera y Maximiliano Barrios y los liberales Carlos Miguel Alvarenga, Benigna Maciel, Juan Domingo Fleitas, César Domínguez y Carmen Peralta (PDP).
Los concejales argumentan además que no llegaron a aprobar las ejecuciones presupuestarias del periodo 2016-2017, por detectarse supuestas irregularidades en el manejo del fondo municipal.
Alegan que de la Municipalidad desapareció una camioneta Chevrolet Bleizzer y que no se tiene un registro de orden de trabajo del uso de ésta. Tampoco cumple con el plan de Mitigación Ambiental en el matadero municipal sugerido por el Ministerio del Ambiente.
Todas las irregularidades fueron denunciadas ante el Ministerio Público, que jamás llegó a investigar el daño patrimonial causado a la Comuna.