Promete completa auditoría

La intendenta de Ybycuí, María Del Carmen Benítez (ANR), quien desde ayer es presidenta de la cuestionada Opaci, afirmó que ordenó “entregar todos los documentos” a la Contraloría para hacer una completa auditoría de la institución.

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Benítez conversó con radio ABC Cardinal y explicó que tomó las riendas de la Opaci como un desafío para transparentar la entidad, cuestionada por su función. La institución cobra millones a los contribuyentes a través de las municipalidad sin tener un concepto claro de la contraprestación.

La intendenta de Ybycuí contó que el extitular de Opaci, Ricardo Núñez, pidió permiso del cargo argumentando problemas de salud y las críticas que estaba recibiendo por los cuestionamientos a su gestión. Benítez afirmó que no se va “a quemar” en el cargo y nada se hará “entre cuatro paredes”, insistiendo así en la promesa de transparencia. “¿Quién es el intendente que se va a quemar con esto?”, se preguntó. La jefa comunal afirmó que lo primero que hará será hablar con sus pares de Cordillera, es decir, los que más cuestionaron a la Opaci.

Benítez informó que ayer, durante la asamblea de Opaci, se creó un órgano de “exintendentes” dentro de la entidad. Precisamente dentro de éste están Ricardo Núñez (Villa Hayes) y Roberto Cárdenas (Lambaré), quien sostiene un proceso judicial por supuesto despilfarro de dinero de Fonacide.

Durante la reunión de ayer, una de las decisiones adoptadas fue la drástica reducción de los aranceles cobrados a los contribuyentes a través de las municipalidades por la expedición, renovación o revalidación de las licencias de conducir. El monto bajó de G. 20.000 a G. 10.000. Esta medida solo confirmaría, tácitamente, el despojo que sufrieron los contribuyentes durante los últimos años.

La Opaci recaudó en 2015 unos G. 41.000 millones en diferentes conceptos, como el cobro de arancel por registros de conducir y otras tasas. Los ciudadanos de las 250 municipalidades del país son los principales financistas de la organización. Opaci quiere continuar con los despojos tras la puesta en vigencia de las licencias unificadas, previstas en la Ley N° 5016/2014 “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”.

La Opaci fue utilizada por años por el clan Núñez (de los hermanos Ricardo, Basilio y Óscar, todos colorados) para ubicar a sus leales y familiares. Siendo una ONG (organización no gubernamental) recauda millones de guaraníes de los contribuyentes de todos los municipios en concepto de expedición o renovación de licencias de conducir. Además, para perpetuarse en el cargo, Ricardo y los intendentes afines modificaron el estatuto de la institución para que un ex jefe comunal pudiera continuar como miembro directivo. A todo esto se suma que este cuestionado manejo se pretende extender a la Agencia Nacional de Tránsito.

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