Rechazan amparo de taxistas contra MUV

La jueza Leticia Paredes rechazó el amparo judicial planteado por el gremio de taxistas que pidió que quede totalmente prohibido el ejercicio del servicio a través de la aplicación MUV.

La Federación Nacional de Taxistas, la Cooperativa 11 de Noviembre y la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA) habían presentado un amparo constitucional contra la firma Click SA, nombre legal de la App MUV. Este pedido fue rechazado hoy por la jueza penal de Garantías Leticia Paredes, del Poder Judicial.

Entre los argumentos que sostienen el rechazo se manifiesta que no surge en forma evidente y efectiva la acción ilegítima que vulnere derechos o garantías de los accionantes (taxistas). La magistrada agrega que tampoco se evidencia un daño ocasionado por la acción.

La jueza también explicó que dar lugar al amparo cercenaría la garantía constitucional de igualdad.

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“Este juzgado decidió rechazar el amparo promovido contra la firma Click (…) en el entendimiento, a criterio de este juzgado, de que no fue violada ninguna garantía de los amparistas”, expresó la jueza. Sobre el mismo punto, sostuvo que dar lugar a este pedido cercenaría otros derechos como el derecho al trabajo y aclaró que la no reglamentación no impide la realización de una actividad lícita.

Asimismo, señaló que el juzgado no es el organismo que se debe encargar de la reglamentación de las actividades de MUV. “No es el Poder Judicial el que tiene que reglamentar”, subrayó.

Según lo determinado por la Magistratura, la empresa Click SA presta un servicio que se halla amparado legalmente, ya sea que realice una intermediación o un servicio de transporte de personas y que esto es “plenamente lícito”. También menciona la libertad de concurrencia, por la que toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, con libre competencia en el mercado, por lo que no puede frenar las actividades de esta firma.

Añade que la falta de reglamentación de la actividad de MUV desarrollada por un medio digital no puede ser alegada como menoscabo constitucional. “Pretender que se prohíba el desarrollo de una actividad lucrativa lícita a una persona o empresa por una acción de amparo constituiría un despropósito que contraviene las normas constitucionales”, concluye la jueza en su argumentación.

 

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