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Tras el hecho el síndico de Quiebras, reconoció que estaba preocupado y teme por su familia, por lo que no quiso ahondar en el trasfondo del acontecimiento.
El ataque, se presume, que estaría vinculado con las denuncias y advertencias que realizó el funcionario sobre el presunto negociado entre el Indert y la empresa San Agustín.
El Estado pagó G. 46.900 millones por unas 5.700 hectáreas de tierra en el departamento de Cordillera que pertenecen a la citada firma, vinculada al partido Unace.