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En la sesión de este jueves los parlamentarios pidieron datos a la Opaci sobre su balance, cuadro de resultados, memoria, ejecución presupuestaria de ingresos y de gastos desde el 2008 hasta el presente año. El proponente de la solicitud de datos fue el senador Adolfo Ferreiro.
La Opaci, una ONG que administra dinero del Estado proveniente de las municipalidades, fue centro de la polémica por el nivel de recaudación que tiene, y que nadie sabe dónde va a parar. Todo ello derivó en la queja de intendentes que anunciaron su salida de la organización, bajo el argumento de que ésta no les trae beneficios.
Para “calmar las aguas”, la presidenta interina de Opaci, María del Carmen Benítez, anunció que desde el 1 de marzo de este año la Opaci solo cobrará el 50% de lo que venía exigiendo por ley a los contribuyentes que tramitaban sus registros de conducir, mediante las municipalidades. Sin embargo, hasta el momento las comunas siguen cobrando G. 20.000 en vez de los G. 10.000 prometido por Benítez.
La titular de su organización asegura que ya notificó a los intendentes del nuevo monto a cobrar, sin embargo los jefes comunales afirman que no tienen resolución alguna en sus despachos.