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El juez penal de garantías Miguel Tadeo Fernández había resuelto impugnar la decisión de su colega Gustavo Amarilla, quien el viernes pasado se inhibió del caso, argumentando que ya preopinó sobre el fondo de la cuestión y de esa manera ya no puede seguir entendiendo en la causa.
Fernández refiere que es cierto que había dictaminado la desestimación de la causa. En ese sentido, “no podemos hablar propiamente de que exista preopinión en el marco de la causa que nos ocupa ya que en autos se ha dictado una resolución de desestimación de la mencionada causa solicitada por el representante del Ministerio Público , y cuyo efecto según la desestimación, devolverá las actuaciones a la Fiscalía, que organizará el archivo de las causas desestimadas, situación que se halla cumplida en el marco de la presente causa”.
Al respecto, el Tribunal de Apelación en lo Penal, primera sala de la capital, argumentó que los hechos que se investigan en torno al senador Zacarías Irún, su esposa Sandra McLeod, Margarita Zacarías Irún y Fernando Román Fernández ocurrieron en Ciudad del Este, por lo que argumentan incompetencia territorial para entender la causa, por lo cual resolvieron derivarla a un Juzgado de Garantías de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná.
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Las inhibiciones se dan en el marco de la causa “Ernesto Javier Zacarías Irún s/ Enriquecimiento Ilícito Ley Nº 2.523/2004”, en la que fue blanqueado por la fiscala Yolanda Portillo, con el argumento de que los hechos ya habían prescripto.
El fiscal René Fernández solicitó la reapertura de este caso, atendiendo a que se encontró que el senador está ligado desde 2008 a la Municipalidad de Ciudad del Este, donde era asesor de su esposa Sandra McLeod y, por ende, seguía siendo funcionario público.
Portillo argumentó en su blanqueo al político que la ley de enriquecimiento ilícito prevé que serán perseguidos penalmente los funcionarios públicos y, en ese sentido, Zacarías Irún fue intendente municipal de Ciudad del Este hasta el año 2007. La prescripción operó el 1 de octubre de 2017, al transcurrir los 10 años, y la causa llegó a su unidad el 3 de enero de 2018, lo que le imposibilitó realizar diligencia alguna para interrumpir la extinción.
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Recientemente, la Cámara de Senadores despojó, por unanimidad, de sus fueros al legislador colorado cartista, imputado por el hecho punible de declaración jurada falsa, otro proceso que soporta junto con su esposa, recientemente destituida como intendenta de Ciudad del Este por un cúmulo de irregularidades bajo su gestión.