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Esta semana los diputados colorados volverán a rendir un nuevo examen de patriotismo. En la primera prueba se aplazaron con un cero más grande que sus cabezas, como dicen los profesores.

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En segunda vuelta tendrán la responsabilidad de sancionar el proyecto de ley que busca destinar US$ 150 millones de los “fondos sociales” de Itaipú y Yacyretá para comprar de medicamentos e insumos para todos los ciudadanos que necesitan y no solo para sus amigos del poder y/o correligionarios.

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La ciudadanía debe estar atenta. Si el titular de Diputados, quien al mismo tiempo es presidente del Partido Colorado, Pedro Alliana (cartista), envía este miércoles para su estudio a las comisiones, entonces se ratifica que son “guardianes rabiosos” de la “caja chica” de las binacionales porque ahí meten mano para las “obras sociales” en favor de su electorado.

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Obviamente que hay complicidad con los directores paraguayos, que son nombrados por el presidente de la República, con acuerdo del Senado. Generalmente es un correligionario “amigo”. Su máxima cualidad debe ser estar dispuesto a liberar fondos para compra de ambulancias a ciudades administradas por colorados, financiar fiestas patronales, etc.

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A los legisladores que se oponen a liberar fondos para paliar de alguna manera el padecimiento de la gente, deberían hacerles un tour por hospitales públicos. Tal vez se convenzan.

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Pero como el pueblo paraguayo les paga el seguro médico VIP, entonces no les preocupa nada. Buen momento para retirarles ese privilegio porque no solamente les resta sensibilidad social sino además se pueden usar esos fondos para destinar a personas que realmente necesitan.

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El vice Hugo Velázquez anda calladiiito preparando su próximo objetivo político. O tal vez nos sorprenda con una reforma del Estado que prometió con bombos y platillos al inicio de la pandemia, allá por marzo de 2020.

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El tema es que la reforma del Estado, si bien será superútil para la ciudadanía, conspira con su interés político y el de varios de sus correligionarios. Si en la pandemia se discute: la economía vs. la salud, en el sector político la disyuntiva es: el bienestar de la gente vs. mis objetivos políticos. Esta última opción sigue ganando.

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La fiscalía de Sandra Quiñónez no tiene muchas ganas de solicitar la prisión para aquellos que estuvieron metidos en el caso de los “insumos chinos”. Para ella es más grave protestar en la calle contra la corrupción del Gobierno.

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Los jóvenes que supuestamente atacaron Colorado Róga tienen más horas de prisión que el clan Ferreira, Édgar Melgarejo (extitular de Dinac) y otros.

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El MOPC concluyó en un informe que la pasarela de ñandutí gua’u tiene sobrecosto y se hizo sin planificación y previsibilidad. US$ 2,1 millones costó este puente de hierro, que no es útil para la ciudadanía en general por la ubicación que tiene y más aún en estos tiempos.

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Evidentemente le quisieron beneficiar a alguien al ordenar la ejecución de esta obra. Pero no a la gente. ¿La fiscalía de Sandra investigará esto?

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El Gobierno emitió el viernes a la noche el nuevo decreto sobre restricciones sanitarias, que no modifica el vigente. Pero el problema es que tiene una vigencia de una semana, nuevamente. Nada se puede planificar así.

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Así como “gozan de buena salud” los robos a gran escala, los bagatelarios tampoco paran. La Policía debería cuidarles más a los pequeños comercios y a los ciudadanos de a pie. La gente también contribuye con sus impuestos para el salario de los uniformados.

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El gobernador “estrella” del cartismo Hugo Javier hace más de un año que está en “cuarentena” de gestión. Pero no solo no hace nada, sino que se opone junto a sus concejales leales a redireccionar más de G. 14.000 millones para apoyar hospitales de Central en la lucha contra el covid-19. Lamentable.