MUVH, ¿la cueva de los ladrones?

El ministro de Urbanismo, Dany Durand, tendrá a su cargo la ejecución de US$ 40 millones, de aprobarse en el Congreso nuevos préstamos para el plan de reactivación económica. Una cifra para nada despreciable que manejará el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), y su plan consiste en construir viviendas dignas para la gente de extrema pobreza y, según defendió Durand ante el Senado semanas atrás, con ese dinero edificará 6.000 casas.

Sin embargo, surgen dudas en torno a la ejecución del dinero público porque las obras prometidas se implementarán mediante la Ley Nº 3637 del Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis). Esta normativa permite que los proyectos se puedan llevar a cabo designando sin concurso a organizaciones sociales denominadas “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)”, quienes administran el dinero público y a su vez contratan discrecionalmente a “constructoras” poco conocidas, sin que exista en absoluto un mecanismo de acompañamiento y control ciudadano, tal como se da con los llamados hechos aplicando la Ley Nº 2051 de Contrataciones Públicas, que en su portal mantiene el registro de todos los procesos de compras públicas.

Al respecto, Durand argumenta que se apega “celosamente” a lo que establece el Fonavis. Claro está, lo que se usa no es precisamente de su bolsillo y la ley citada no favorece a cada uno de los ciudadanos que tendrá que pagar cada guaraní de cada ladrillo que se utilice. ¿Acaso si fuese su empresa privada, el ministro entregaría sus billetes prácticamente a ciegas? La respuesta es posiblemente no, considerando que no existe ningún mecanismo de seguimiento de los contratos a través de los SAT ni tampoco transparencia.

Hoy, cualquier “común” (como diría un polémico diputado) que desee conocer el listado de los SAT que mantienen contratos activos no lo encuentra en la página web del MUVH ni en ninguna otra plataforma. Tampoco cuáles son las “constructoras” con las cuales trabajan, las obras que tuvieron a su cargo y en dónde están ubicadas, pese a que hoy la tecnología lo permite e incluso se puede geolocalizar esas obras (eso si existiese voluntad política real).

Menos aún está al alcance de la gente saber cuáles son las empresas sancionadas, en el caso que las hubiere.

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Podríamos sospechar que siguen beneficiándose con recursos del Estado empresas de dudosa capacidad de ejecución de programas sociales o quizás firmas de seccionaleros o ligadas a políticos. Piensa mal y acertarás, reza un viejo dicho, y así suele ser, al menos en lo que respecta al manejo de fondos públicos en este país.

Se desconoce cuáles son los criterios para definir el tipo de estructura para las viviendas sociales, los materiales utilizados, las medidas y otras exigencias que la cartera estatal tiene en cuenta para aprobar los proyectos.

Pero no solo se desconocen esos detalles, sino que tampoco por qué el ministro decidió modificaciones sustanciales en sus programas, como por ejemplo, la adquisición de tierras para sus proyectos. Esta posibilidad había sido eliminada en la administración anterior, a cargo de Soledad Núñez, con el argumento, difundido en su momento, que se prestaba a hechos de corrupción. Eso, considerando que se solía aplicar un precio no acorde al de mercado, es decir se pagaba de más por las tierras, también se llegó a comprar terrenos con ubicación poco favorable para los beneficiarios o incluso, adquirir propiedades de cuestionadas personas públicas.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tiene en sus manos la posibilidad de abrir las puertas de la cartera estatal a la ciudadanía. Es decir, que todos esos procesos que se financian con el rubro 800 de transferencias a organismos que sean transparentes y esté la información disponible para que la sociedad haga seguimiento de los contratos y las obras. Que traduzca en hechos ese discurso tan repetido de cero corrupción y del “caiga quien caiga”. Si es que nada tiene qué esconder, ¿Qué espera? ¿O acaso el MUVH es una cueva de ladrones?

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ggonzalez@abc.com.py

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