Impunidad y violencia

El ataque a huevazos contra el asesor jurídico de la Municipalidad de Jesús de Tavarangüé por parte de un grupo de pobladores del distrito frente a la sede de la fiscalía de Encarnación es un capítulo más de la ola de conflictos que va “in crescendo” en la comunidad, y cuyo telón de fondo es la flojera de las autoridades encargadas de investigar los presuntos hechos de corrupción y eventualmente sancionar a quienes sean encontrados culpables. En general, los casos de corrupción pública duermen el sueño de los justos porque el pesado y poco fiable aparataje legal de nuestro país está demasiado pendiente de eventuales repercusiones y efectos “colaterales” puedan tener sus decisiones en el ámbito político.

A fines de julio pasado fue presentada una denuncia por lesión de confianza contra el intendente Nelson Rodríguez (PLRA). Su asesor legal, Arnaldo Gaona, recusó a la fiscal de la causa que provocó el enojo del sector que impulsa la destitución de Rodríguez por considerar que se trata de una estrategia para “enfriar” el tema.

El ataque contra Gaona no se justifica, pues convierte una protesta pacífica en un acto de violencia. Menos aun cuando entre los manifestantes “contra de la impunidad” hay personas que no están en condiciones de tirar la primera piedra (o el primer huevo en este caso), pues no dijeron “ni mu” cuando eran concejales y el distrito era manejado discrecionalmente por el destituido y procesado exintendente Hernán Schlender (ANR).

El enrarecido ambiente que rodea a la Comuna de Jesús de Tavarangüe es resultado de las medias verdades expuestas por ambos bandos en pugna y la ineficiencia de la fiscalía. La lentitud del Ministerio Público para investigar causas de corrupción pública tienen como resultado el descrédito ciudadano y la pérdida del respeto hacia las instituciones del Estado. El ataque a Gaona frente a un nutrido cordón policial es más que elocuente.

Una “clase política” cuyo único interés al parecer es acceder al poder para robar y luego utilizar sus influencias para garantizar impunidad y un costoso y desacreditado sistema legal cuyos operadores eligen someterse al padrinazgo político en vez de “jugarse” contra la corrupción y en favor del pueblo, no hacen si no fogonear una caldera de violencia social que más temprano que tarde les estallará en la cara, o debería.

jaroa@abc.com.py

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