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Mendoza soporta otra denuncia por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, pero duerme en la Fiscalía de Delitos Económicos y en la fiscalía local, a cargo de Cynthia Torres, desde octubre de 2019.
La diligencia de mañana se realizará en el despacho de la jueza penal de garantías de Lambaré, Isabel Bracho, y sin lugar a dudas será esta una nueva prueba para la muy desprestigiada justicia paraguaya, gracias a magistrados serviles a una clase política corrupta.
Pruebas de cómo los magistrados se prestan a los políticos de turno abundan, pero basta con recordar el vergonzoso enjuiciamiento al destituido Óscar González Daher y a su hijo Rubén González Chaves y sus cómplices, así como a Miguel Ángel Carballo, supuesto testaferro del condenado exsenador Víctor Bogado (ANR, cartista), más conocido como “el Mecánico de Oro”.
La justicia siempre estuvo ligada a la política partidaria porque los responsables de impartir justicia y hacer cumplir las leyes son impuestos por los “padrinos”; ningún magistrado ocupa el cargo sin la “bendición” de las autoridades de turno.
El caso del intendente de San Antonio ya se prolongó más de cuatro años, mediante las chicanas. En el largo proceso tienen cuota de complicidad los jueces, como magistradas Ana Esquivel y Gladys Fariña que fueron separadas de la causa por mala actuación, así como la Cámara de Apelaciones de central anuló dos veces la acusación.
Ahora la gran responsabilidad es de la jueza Bracho para tratar de lavar, al menos en parte, el rostro sucio de la justicia paraguaya. Miles de ciudadanos están expectantes de su decisión.