Caiga quien caiga

Nos quedamos cortos quienes venimos hablando del hediondo acuerdo entre Petropar y la fantasmagórica empresa argentina Texos Oil, por el que la empresa del Estado paraguayo hubiese entregado casi 6 millones 900 mil dólares. En realidad, si no se hubiese revelado el negocio, el monto del perjuicio habría superado los 8 millones 200 mil dólares, al agregársele el pago de poco más de 1 millón 300 mil dólares de impuestos.

Tan oscuro fue todo y con tanto tufo a corrupción, que la propia Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) no pudo sino concluir otra cosa en el informe que fue difundido esta semana.

Las 26 páginas del documento concluyen que se firmó el acuerdo sin agotar todas las instancias que justifiquen la conveniencia para el Estado, y que además no se justificaba desembolsar dinero alguno, al no haberse firmado un contrato con la demandante empresa argentina.

El documento de la secretaría anticorrupción certifica además que los responsables de Petropar pidieron en su momento una ampliación presupuestaria a Hacienda para hacer el desembolso, pero no aguardaron el dictamen de la Dirección de Empresas Públicas para firmar el documento.

La grosera contradicción de acuerdo al mismo informe es que Petropar debía transferir en el 2020 a Hacienda unos 100 mil millones de guaraníes en concepto de obligaciones, pero solicitó transferir solo 15 mil millones por la pandemia.

Es decir, a Hacienda le decía que no tenía dinero para cumplir con el Estado, pero a Hacienda le pidió que amplíe su presupuesto para entregarle más de 48 mil millones de guaraníes, o casi 6 millones 900 mil dólares, a una oscura empresa argentina.

Una empresa que a su vez debería transferir unos 2.897.475 dólares, o 42% del monto del acuerdo, al misterioso abogado Abel Germán Ávalos, quien también según el informe de la secretaría anticorrupción se expone a una investigación por cobro indebido de honorarios, por actuar como abogado en una demanda contra una empresa del Estado paraguayo, siendo empleado de este, en su carácter de funcionario permanente de la Justicia Electoral.

Tan evidente fue todo, que apenas saltó el escándalo y se frustró el acuerdo, que la empresa Texos Oil se deshizo del abogado Ávalos, designando a otro representante legal. El presidente de Petropar, Denis Lichi, alegó que firmó el acuerdo porque el procurador Sergio Coscia argumentó que era lo mejor para los intereses de la empresa.

Y hasta aquí el único quien se vio obligado a renunciar es precisamente el procurador Coscia, exsocio del estudio jurídico del actual jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor.

Su reemplazante, el nuevo procurador Juan Rafael Caballero fue clarísimo al calificar al acuerdo Petropar-Texos Oil como algo que ya comenzó torcido, al demostrarse que la empresa argentina se armó exclusivamente para participar del llamado a licitación de Petropar. Caballero declaró además esta semana que el Estado tiene todo para ganar este absurdo juicio planteado por la empresa argentina, pero que aún así firmaron un acuerdo de indemnización.

Una opinión que coincide con dictámenes de auditorías externas de los años 2016 y 2018 en los que asesores jurídicos ya sostenían que Petropar tenía el 70 por ciento de probabilidades de ganar este juicio, por lo que llegar hasta el final era el camino más recomendable.

Ahora, tras la denuncia de la secretaría anticorrupción, entra la fiscalía, quedando a cargo de la fiscal adjunta Soledad Machuca el profundizar las responsabilidades penales.

Cuesta creer que un intento de pago de casi 7 millones de dólares haya sido producto de una maniobra unipersonal, sin que en el Palacio de Gobierno hayan estado al tanto.

guille@abc.com.py

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