Háganse cargo

“Presos degollados… y vos maquillada, en los canales de televisión”.

La frase con tono exaltado interrumpió el informe que estaba dando la ministra de Justicia Cecilia Pérez, tras reunirse con los cabecillas del grupo que se amotinó en la cárcel de Tacumbú, para asesinar a siete internos a los que acusaban de haber filtrado el plan de fuga que había sido frustrado esa misma madrugada.

El episodio fue el último de los que viene protagonizando el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, y generó un mayoritario repudio en los medios y redes sociales.

Lejos del aplomo emocional que debe tener un comisionado parlamentario en este tipo de crisis, el defensor parece haber querido aprovechar la presencia de todos los medios en el momento clave de ese día para hacerse notar. Y hay que decir que lo consiguió.

Tanto es así que parlamentarios que incluso lo votaron para que llegue al cargo, comenzaron a hablar de la posibilidad de destituirlo.

Es el caso del colorado Ramón Romero Roa, quien escribió en su cuenta en Twitter que “en un momento de crisis, un aprovechador debe ser repudiado. Por eso el defensor del Pueblo ya no goza de mi confianza. Con mecanismos institucionales debe salir del cargo!”, llevando al debate sobre la posibilidad de someterlo a un juicio político.

El mayoritario repudio ciudadano y la amenaza de un juicio político obraron el milagro. Al día siguiente Miguel Godoy pidió disculpas públicas a la ministra, pero viendo que no lograba aplacar los cuestionamientos, fue luego a reunirse con ella para tratar de desactivar las críticas.

Ya no lo logró. Para ese momento un sindicato de la Defensoría del Pueblo se encargaba de reactivar varias denuncias por malos manejos y la consecuente persecución a sindicalistas, mientras la prensa recordaba otros bochornosos episodios protagonizados por el funcionario, como aquella inmediata pelea por protagonismo con el defensor adjunto ni bien asumieron sus cargos, o aquella zozobra que causó en miles de jóvenes al manejar de manera tan confusa como informal, la supuesta necesidad de obtener rápidamente un documento de declaración de objeción de conciencia, para evitar tener problemas en controles militares... que ni siquiera estaban previstos.

Todavía están frescas las imágenes de unos cinco mil jóvenes agolpados en el edificio de la Gobernación de Guairá, apretujados, nerviosos e impacientes, y el desmayo de algunos de ellos, en aquel caluroso diciembre del 2018.

Pero el último sketch, protagonizado esta semana por el defensor, sirvió también para que recordáramos cómo llegó al cargo.

Fue a través de un gran trato apu’a.

Los senadores lo habían ternado junto a Jorge Rolón Luna y Judith Rolón. Fueron 41 diputados, 38 colorados y 3 opositores los que lo designaron.

Un pacto entre la ANR y Avanza País, que previamente había permitido en la misma sesión, la elección de Enrique García como contralor general y Camilo Benítez como subcontralor.

El criterio decisivo en aquel pacto fue indudablemente el de la afinidad política. Hay que recordar cómo también terminó luego el contralor.

La verdad es que al Congreso no le interesa la Defensoría del Pueblo más que como un pedazo de la torta a negociarlo y repartirlo.

Solo basta recordar que tardaron más de 9 años en nombrar al primer defensor, pese a que la Constitución Nacional de 1992 ya establecía la figura, que además crearon en ese entonces la ficción del defensor adjunto, cargo que no figura en la Constitución Nacional, para agrandar la torta de negociación; y que permitieron que el primer defensor permaneciese en el cargo casi 15 años, pese a que la propia Constitución le establece un mandato de cinco.

La última elección también fue producto de un trato apu’a en el que se priorizaron las pertenencias político partidarias por sobre la idoneidad para el cargo. Y así nos fue.

guille@abc.com.py

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