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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, no se anima a convocar a una tregua política para enfrentar la emergencia y menos aún a liderar un Comité de Crisis que ponga algún orden en cuanto a las medidas para intentar paliar la difícil situación que pasan muchas familias paraguayas, golpeadas en su salud y en su economía.
En las condiciones actuales, las leyes y los decretos que se lanzan desordenadamente buscando presuntamente ayudar, pueden crear más problemas que soluciones, por la aparición de inescrupulosos que intentarán sacar tajadas de la crisis y la duda de que haya un control efectivo por parte de las instituciones pertinentes.
En esta maraña, el mandatario parece estar perdido y solamente busca no exponerse ante el Congreso o ante la opinión pública porque no tiene respuestas convincentes que dar.
Sus congresistas tampoco se animan a defender sus medidas y se limitan a no subirse a la andanada de críticas en las cámaras legislativas por parte de la oposición.
El Partido Colorado va con su propia agenda, que es la del expresidente Horacio Cartes, como si nada fuera de los intereses del empresario tabacalero tuviera alguna importancia para ellos y como si el Gobierno en funciones no tuviera nada que ver con la institución partidaria.
Las preocupaciones del cartismo, al menos las que expresa desde la Junta de Gobierno del Partido Colorado, consisten en exigir al Poder Judicial y a la fiscalía que castigue con todo el rigor posible a quienes presuntamente vandalizaron la sede partidaria, pese a que no está aclarada aún la autoría de estos hechos.
También instaron a los parlamentarios de su partido a impulsar el procedimiento para expulsar al senador del Frente Guasu Sixto Pereira por supuestamente estar involucrado en invasiones y negociaciones con tierras ocupadas por familias campesinas.
Es curiosa la apelación que hacen las autoridades de la ANR. Evidentemente, para ellos no corre aquel dicho de “la caridad bien entendida empieza por casa”. Abogan por la expulsión de un legislador de la oposición pero nada dicen de varios otros legisladores de su partido y de otros partidos que sus representantes en el Congreso protegen, pese a estar vinculados a hechos de corrupción y al crimen organizado, como Ulises Quintana, Javier Zacarías Irún, Tomás Rivas, Miguel Cuevas o el liberal Carlos Portillo, entre otros.
Los dirigentes colorados parecen haber elegido apelar a la victimización y el fanatismo de sus adherentes como estrategias para buscar votos ante la cercana campaña electoral y, de paso, ocultar lo mejor que puedan la división interna que se profundizó en los últimos tiempos, pese a la operación cicatriz y la concordia.
En medio de todo, cual llanero solitario, el diputado Juan Carlos “Nano” Galaverna presentó un proyecto de ley para suspender las elecciones municipales, aparentemente sin el aval del partido y ni siquiera del movimiento oficialista.
La iniciativa pretende aparecer como una preocupación por la salud de la población ante el peligro del contagio por covid-19.
Sin embargo, huele más a temor por una posible debacle electoral ante tantas muestras de falta de tino y de hechos de corrupción en la administración de los municipios y del país.