La tarifa “técnica” ¿es realmente confiable?

Recientemente, una mujer comentaba a ABC que un familiar se presentó para trabajar como chofer en una empresa de transporte público del área metropolitana. Acordaron el pago de un salario de G. 450.000 semanal, aunque no firmó un contrato. Luego de tres semanas de trabajo, la empresa transportista le pagó menos de la mitad de lo pactado y cuando reclamó el monto faltante, le indicaron que si quiere seguir con su empleo, que se conforme con lo que tiene y si no le gusta, que “vaya y le llore a su abuelita”.

Según el relato, el chofer finalmente decidió abandonar el puesto y no denunció los incumplimientos porque no contaba con algún papel que demuestre la obligación de pago. La mujer dijo a nuestro diario que comentaba esto como “pista de investigación” referente a las condiciones laborales de los empleados de empresas de traslado masivo de pasajeros, firmas que obtienen itinerarios rentables sin mayor competencia y que, con este tipo de maniobras de pagar montos ilegales a sus trabajadores, disminuyen sus costos.

¿Qué tiene que ver este relato de incumplimientos laborales con la “tarifa técnica” del transporte público prometida por el Viceministerio de Transporte? Se relaciona porque el pago del salario mínimo y de las obligaciones sociales es uno de los ítems para definir el precio del pasaje, pues la mano de obra forma parte de la estructura de costos; los otros aspectos son el mantenimiento de las unidades y la frecuencia de la circulación. Es decir, por cada pasaje abonado se garantiza, en teoría, que el conductor tenga un trabajo digno, que los viajes sean en buses en condiciones mecánicas óptimas para circular y que la frecuencia sea en tiempo no mayor de 40 minutos entre cada unidad. Todo esto se contempla en el precio del pasaje.

Pero en la práctica, a simple vista se verifica que muchas empresas solo “cumplen” en los papeles. Incluso, los empresarios violan indicaciones sanitarias al aglomerar a los pasajeros, en plena alerta sanitaria por covid-19. Por exponer a la gente literalmente al peligro de muerte, el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez aplicó tímidas multas a transportistas. Se observa que siguen las infracciones y, para colmo, sin pagar ni un guaraní por esas sanciones, las empresas siguen siendo beneficiadas con millonarias transferencias por subsidios, a lo que se sumó el nuevo pago “excepcional” conocido como “subsidio covid”.

Es como si en este Gobierno, las empresas de transporte estuvieran eximidas de cumplir la ley; no les cae el peso de la “justicia” por aglomeraciones, se les premia con recursos públicos y encima, se les justifica por las reguladas. Los “pobrecitos” prestan el servicio “a pérdida”, dicen, ya que con la cuarentena cayó la demanda y sus ingresos no cubren los gastos operativos.

Es en este escenario que comenzaron a trabajar hace algunos meses en la revisión de la fórmula del pasaje para tener una “tarifa técnica”, que tenga parámetros objetivos y que fije el precio del servicio de traslado de pasajeros de una manera “justa”. Dicha tarifa se viene trabajando en reuniones del “Consejo Asesor de Tarifa Técnica de Transporte Público”, integrada por miembros de instituciones públicas y gremios del sector transportista.

Esa fórmula es la que define el precio del pasaje y el monto del subsidio. De ahí la importancia para la ciudadanía. Pese a la relevancia social, ninguna de estas reuniones del comité citado permitió el acceso de la prensa ni se transmitió “online”. El Gobierno negoció con empresarios del transporte a puertas cerradas y el resultado se presenta oficialmente hoy, viernes 28 de mayo, según había anunciado el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez. Sería interesante conocer si dejarán de lado las deudas históricas de este sector con los pasajeros, empleados y contribuyentes del país.

Lamentablemente, el panorama no es alentador. Como ejemplo, podemos recordar que ni siquiera los datos solicitados vía acceso a la información pública, vinculados a transportistas, son suministrados a la prensa (Exp. Nº 40.788). Como si intentaran proteger a estos cuestionados empresarios, históricamente beneficiados a costa de los contribuyentes. El mensaje es claro y contundente: Mario Abdo Benítez está de rodillas frente a los transportistas y el costo podría ser muy caro hasta para generaciones futuras.

ggonzalez@abc.com.py