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Con seguridad es la situación de muchísimos, así como también con seguridad hay muchas otras familias que la están pasando peor por haber perdido a más de uno de los suyos.
Vivimos una pandemia que convirtió hace tiempo a las redes sociales y a los medios de comunicación en muros de dolor, homenajes y despedidas.
Todo esto en medio de actividades solidarias para ayudar a familias que están destrozadas, y que tuvieron que malvender lo que tenían para tratar de costear el tratamiento de alguno de sus integrantes, o en el peor de los casos para pagar abultadas cuentas que quedaron tras la muerte de alguno o algunos de sus miembros.
Una pesadilla colectiva que comenzó aquel 11 de marzo de 2020, cuando el Gobierno comenzó a restringir, vaya odiosa palabra, nuestras vidas colectivas, por la aparición del virus en nuestro territorio.
En ese mismo momento, y ya con la excusa del virus, muchos cuervos ya pensaban en cómo lucrar con la pandemia.
Solo una muestra. Cinco días después del anuncio del Gobierno, el 16 de marzo de 2020, el gerente de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente de Petropar, Roberto Cabrera Narváez, argumentaba la necesidad de realizar una compra por la vía de la excepción por urgencia impostergable para adquirir equipos y productos necesarios para mitigar la propagación del virus en las instalaciones de la empresa.
Un día después ya el director de la dirección operativa de contrataciones, Félix Chávez, dictaminó a favor de la compra de estos productos a través de esa vía excepcional que puentea la posibilidad de convocar a una licitación.
Paralelamente, el contador Pedro Román, gerente general interino de Petropar, elaboraba una planilla en la que se establecía que el precio del lote requerido alcanzaría un costo de 359.700.000 guaraníes. Una planilla sencilla que no contenía los parámetros que permitan saber cómo se llegó a ese monto calculado.
Ese mismo día la entonces presidenta de Petropar, Patricia Samudio, autorizó la contratación directa por la vía de la excepción.
Al día siguiente, el 18 de marzo, ya se abría el sobre con la única oferta presentada, la de la empresa Solumedic S.A., que ofrecía el lote requerido, santa coincidencia, por el monto exactamente establecido en la planilla interna de Petropar: 359.700.000 guaraníes.
Al día siguiente, Patricia Samudio formalizó la adjudicación de la compra directa, y ocho días más tarde, el 27 de marzo, se firmó el documento de recepción de los insumos comprados.
Un documento también fraudulento, ya que Petropar solo recibió botellas de agua tónica y mamelucos descartables hipersobrefacturados, mientras que las mascarillas, tanques, bidones, lentes protectores y otros insumos directamente nunca fueron entregados.
Cuatro días más tarde, Petropar transfería los 359.700.000 guaraníes como pago a la cuenta de la empresa Solumedic, que al día siguiente volvió a transferir 350 millones de guaraníes a otra empresa, a nombre José Costa Perdomo, pareja de la presidenta de Petropar, Patricia Samudio.
Es decir, se simuló todo un proceso de compra por una vía excepcional y utilizando la pandemia como excusa para que los cuervos se queden con todo el dinero, en una operación que duró en total solo 17 días.
El fraude, que está plenamente documentado por la fiscalía que ya pidió juicio para los seis acusados, habilita legítimamente a pensar sobre que si esto ocurrió con una compra de menos de 55.000 dólares, una “comprita” para el presupuesto de Petropar, qué otras cosas pudieron haberse fraguado en una empresa que maneja compras por cientos de millones de dólares al año.
Es, sin dudas, una de nuestras tantas y miserables historias locales de la infamia.