Más políticos en diplomacia

Una llamativa iniciativa está en estudio en el Senado. Se trata del proyecto de ley titulado: “Del servicio diplomático, consular, administrativo y profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores”, presentado por los senadores Lilian Samaniego (ANR, oficialista), el imputado Rodolfo Friedmann (ANR, Añetete), los colorados cartistas Antonio Barrios y Arnaldo Franco; Eusebio Ramón Ayala (PLRA) y Pedro Santa Cruz (PDP).

El proyecto de ley busca derogar la Ley 1335/99 “Del Escalafón Diplomático y Consular”. El extenso documento de más 100 artículos busca, en resumen, el ingreso masivo de funcionarios no escalafonados y políticos al servicio diplomático y consular. Es decir, podrán ser nombrados en más cargos en embajadas y consulados. La palabra “políticos” molesta a los funcionarios no escalafonados de la Cancillería porque se los vincula a los recomendados políticos, nombrados en cargos en el servicio exterior.

Entre los apadrinados políticos hay, en su mayoría, personas que no tienen idea de la responsabilidad que exige un cargo diplomático: representar y defender los intereses de tu país en el extranjero. Ejemplos de políticos haciendo papelones en embajadas y consulados hay a montones. Basta recordar a los seccionaleros, amigos, correlíes o amantes, designados con jugosos salarios en dólares.

Entre los artículos más polémicos del citado proyecto de ley más está o referente a la función consular, que se refiere a que “será ejercida preferentemente por los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular con rango de consejero o uno superior, pero el Ejecutivo podrá también designar como cónsul general: a) funcionarios escalafonados diplomáticos que no posean el rango diplomático de consejero; b) funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que no integren el escalafón diplomático; c) a personas de nacionalidad paraguaya natural, que poseen notoria capacidad y versación para ocupar el cargo”. Agrega que los nombramientos contemplados en los incisos a, b y c no podrán exceder el 30% del total de cónsules designados en el exterior. Con esto se aumenta, ahora por ley, el cupo para la designación de funcionarios políticos.

La Ley 1335/99 establece taxativamente: “La función consular está reservada a los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular”. Otro de los aspectos llamativos del proyecto de ley son los artículos que crean el Servicio administrativo, profesional y técnico de la Cancillería. Este escalafón será similar al diplomático y consular. También tendrán el derecho de acceder a más cargos (cupos) en el servicio exterior (embajadas y consulados).

El proyecto de ley está en debate en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta y está pendiente que se lleve a cabo una audiencia pública entre todos los actores afectados por el proyecto (diplomáticos de carrera, administrativos y sindicatos). La iniciativa es impulsada por la senadora Lilian Samaniego, titular de la Comisión de RR.EE., quien el año pasado tuvo una fuerte polémica con el entonces canciller nacional Antonio Rivas Palacios, quien defendió la carrera diplomática. Finalmente, Mario Abdo Benítez priorizó lo político antes que la institucionalidad.

Preguntamos: ¿qué autoridad moral puede tener un legislador/a para impulsar la derogación de la ley diplomática, atendiendo que tiene varios recomendados políticos en embajadas y consulados? Por citar un solo ejemplo, la senadora abdista tiene a su marido, Jorge Coscia Saccarello como cónsul general en Foz de Yguazú (Brasil), uno de los más importantes del servicio exterior en cuanto a recaudación de tasas consulares. Al respecto, la senadora liberal llanista Zulma Gómez había acusado la semana pasada a su colega Samaniego de que su consorte es planillero en Foz. Veremos qué pasa con este polémico proyecto de ley.

martín.riveros@abc.com.py