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Ante la insistencia de tres jueces para seguir juzgando a varios procesados, el fiscal del caso abandonó la sala paralizando la audiencia, por lo que luego fue denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por los integrantes de ese tribunal.
Ocurrió a fines del año 2007 y la intención del fiscal era ganar tiempo para demostrar que esos magistrados ya no deberían seguir en el caso por el interés manifiesto que estaban demostrando pese a haber sido recusados en dos oportunidades.
“Había cierto interés en resolver la causa ya... había demasiadas evidencias y pruebas irrefutables que fueron excluidas” nos dijo esta semana en la 730 AM el exfiscal Eduardo Cazenave, al recordar el singular episodio, argumentando que actuó de esa manera porque el entonces fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, le había insistido en llevar el caso hasta el final por considerarlo emblemático.
Los tres jueces eran Ana María Arréllaga, Efrén Giménez y Graciela Flores; y terminaron absolviendo a un hombre llamado Kassem Hijazi; sí, el mismo que fue detenido esta semana en un operativo fiscal impulsado a pedido del gobierno estadounidense bajo la acusación de liderar una red criminal de lavado de dinero proveniente del narcotráfico en la Triple Frontera.
Había un cúmulo de pruebas que demostraban en ese entonces que bajo la fachada de una casa de empeños en realidad funcionaba una casa de cambios clandestina que además realizaba periódicas y transferencias millonarias a Medio Oriente, coincidió en destacar también otro de los exfiscales del caso, Adolfo Marín.
Marín, quien se había sumado a la investigación en su rol de fiscal especializado en delitos económicos y anticorrupción, asegura que nunca vio una causa judicial con tantas pruebas contundentes contra de los procesados.
“Yo por lo menos no conozco una causa con tanto material probatorio”, sentenció el también exfiscal al recordar que lo más sorprendente fue que la absolución del tribunal se ratificó primero en un tribunal de apelación y luego en la propia Corte Suprema de Justicia.
Coincidentemente, en una publicación de este mismo grupo periodístico ya se anticipaba antes del juicio que en realidad sería un teatro en el que terminarían absolviendo a Hijazi y a otros procesados por los delitos de evasión impositiva, violación del deber de llevar libros de comercio, declaración falsa, producción y uso de documentos públicos de contenido falso.
Ahora, tras 14 años de impunidad criolla, tuvo que venir una solicitud del gobierno de Estados Unidos para llevar adelante un nuevo proceso judicial, sobre, esencialmente, la misma mecánica operativa de aquel entonces.
El informe del gobierno estadounidense a través de su Departamento del Tesoro es lapidario, Kassem Hijazi dirigía y controlaba una organización de lavado de dinero con sede en Ciudad del Este, para operar a escala global con la capacidad de lavar cientos de millones de dólares.
El hombre, según el informe oficial estadounidense, mantiene fuertes lazos con políticos, policías, fiscales y operadores de cambio, quienes le dan facilidades, poder económico, seguridad y garantías para operar en la zona.
Y además, mediante sus conexiones con funcionarios del estado paraguayo logra evitar la aplicación de la ley contra su organización de lavado de dinero, poniendo como ejemplo que paga mensualmente a policías del Departamento de Investigaciones y Grupo Especial de Operaciones, para realizar operativos ordenados por él.
Es que el caso Hijazi nos mostró esta semana la mejor fotografía de nuestra podredumbre institucional, el tutelaje que necesitamos para que nuestras instituciones actúen bajo presión, y la maldita impunidad, el mayor de nuestros males, incubándose todos los días en el Poder Judicial.