Cargando...
Por desidia y con el objetivo de restarle importancia al cargo, recién en 2001 se eligió al primer defensor. En aquel entonces, legisladores colorados, encabezados por el entonces influyente senador Juan Carlos Galaverna, operaron para que ocupase el cargo Manuel María Páez Monges, con el único antecedente de haber sido intendente de la ciudad de Areguá y sin ningún conocimiento ni experiencia en el área de los Derechos Humanos.
La idea de nombrar a un burócrata intrascendente, inútil y venal como Páez Monges era anular a la Defensoría de Pueblo como organismo capaz de exigir a otras instituciones y autoridades el cumplimiento de los derechos ciudadanos.
El objetivo fue ampliamente cumplido. Páez Monges no hizo nada que merezca recordar y terminó imputado en un par de oportunidades por lesión de confianza, denuncias de las que zafó vaya a saber uno cómo.
Después vendría el histriónico “defensor” actual, Miguel Godoy, que más se hizo conocido por disputas en redes sociales, antes que por cuestiones de utilidad para los intereses de la ciudadanía.
Godoy fue otro producto del interés de ciertos dirigentes de poner en ese cargo a alguien que les sirviera sobre todo a los políticos para colocar en cargos a operadores, amigos, amantes y familiares. Total, el presupuesto aguanta todo.
Las versiones que surgen ahora sobre cuál será el criterio de la mayoría para nombrar un nuevo defensor no invitan al optimismo.
Colorados y liberales quieren repartirse los cargos de defensor y defensor adjunto, utilizando la aplanadora azulgrana en la Cámara de Diputados.
Se comenta también en el ambiente legislativo que hay una exfiscala, de escasos méritos, que ahora trabaja para el vicepresidente Hugo Velázquez, que tendría la bendición oficial.
Hay algunos buenos candidatos y candidatas, como los hubo en las ocasiones anteriores, que cuentan con el respaldo de sus estudios y antecedentes. Pero carecen de un padrino poderoso para tener una posibilidad real de ser elegidos por su calidad y cualidades.
Un grupo de personas reconocidas por su lucha a favor de los DD.HH. en nuestro país, como monseñor Mario Melanio Medina, el Dr. Carlos Portillo y Heriberto Alegre pidieron que el criterio para elegir al próximo defensor del pueblo prescinda de su pertenencia partidaria y que se tengan en cuenta sus capacidades intelectuales, humanas y ciudadanas.
Lamentablemente, hasta ahora, poco les ha importado a la mayoría de quienes integran el Congreso valorar esas cualidades y son inmunes a críticas y llamados a la sensatez. A los diputados, por ejemplo, no les importó nombrar al vergonzoso diputado Hernán David Rivas (ANR), un cuasi ignorante de cuestiones legales como integrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Todo indica que en materia de Derechos Humanos y derechos ciudadanos seguiremos dependiendo de las denuncias y de la presión de la gente, porque una buena cantidad de legisladores prefieren seguir órdenes o buscar ventajas particulares antes que contribuir mínimamente a la institucionalidad de nuestro país.