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En Hernandarias la Comuna se encuentra con el saldo en rojo: tres meses de atraso en pago de salario que ascienden en unos G. 3.600 millones y otra deuda cercana a G. 4.000 millones a proveedores; además, todos los vehículos de la flota municipal estaban descompuestos. La gestión anterior estaba a cargo de Rubén Rojas (ANR, cartista).
Mientras en Minga Guazú el ex interino Lucas Caballero Ruiz (ANR, cartista) dejó el distrito con una deuda de G. 8.597 millones y el sistema informático –que almacena datos de la recaudación– sin ninguna información.
En tanto que en Presidente Franco la exintendenta Julia Ferreira (PLRA, llanista) no solo dejó una deuda de G. 4.827 millones, sino que en su breve administración aumentó el plantel de funcionarios de 400 a casi 500.
En Juan León Mallorquín, el ex interino Gustavo Benítez (Alianza Mallorquina), terminó su mandato de tres meses con una deuda de G. 2.194 millones y el parque automotor en deplorable estado.
Con el cambio de autoridades saltaron estos datos que sugieren mínimamente una administración sin la debida planificación y hasta sospechas de derroche de los recursos municipales.
Ante indicios del mal manejo de los fondos públicos, los concejales de Minga Guazú y de Hernandarias solicitaron una auditoría en la Municipalidad y la intervención de la Contraloría General de la República para verificar la gestión de los intendentes salientes.
Por su parte, el intendente de Presidente Franco, Roque Godoy; y de Juan León Mallorquín, Elvio Coronel, anunciaron que solicitarán la intervención de la Contraloría.
Los pobladores de Minga Guazú, Hernandarias y Juan León Mallorquín ya castigaron en las urnas a los sectores políticos de los exintendentes sospechados de usar irregularmente los recursos del municipio. Al mismo tiempo dieron oportunidad a nuevas figuras, que tienen la alta responsabilidad de administrar con eficiencia y transparencia los recursos de los contribuyentes.
Los ciudadanos deben estar atentos y exigir una aclaración técnica a las autoridades sobre los motivos por los cuales las Municipalidades están prácticamente en quiebra financiera. Asimismo reclamar a los intendentes firmeza en los pedidos de auditoría, teniendo en cuenta antecedentes de que algunos jefes comunales habían incurrido en las mismas irregularidades para después firmar un pacto con sus antecesores denunciados.