Usura y extorsión

La usura, la extorsión y el chantaje constituyen hechos delictivos que desde la antigüedad son considerados al margen de la ley. Los filósofos griegos Platón y Aristóteles, y Cicerón de Roma, condenaron la usura de su época. En la actualidad, pese a ser un ilícito que prohíbe la Constitución Nacional y las leyes, quienes se dedican a esta actividad ilegal prácticamente no han recibido sanciones. Por eso la sentencia a los González Daher es considerada histórica y deja un precedente para que otras víctimas puedan presentar sus denuncias.

La Iglesia Católica también condena la usura porque deja en la calle a centenares de familias. Desde el punto de vista legal, la Constitución en su artículo 107 establece que la usura y el comercio no autorizado de artículos nocivos serán sancionados por la ley penal.

Pese a la prohibición, en San Juan Bautista, Misiones y quizás a nivel país, la usura es como una práctica normal. Las personas necesitadas y que ya no tienen posibilidades de recurrir a los bancos u otros entes, caen en manos de usureros, quienes despojan al prójimo sin piedad de sus bienes de manera ilegal.

De acuerdo a la legislación, nadie puede prestar dinero y aplicar intereses más elevados de los establecidos por el Banco Central del Paraguay (BCP).

En la práctica, la realidad es muy distinta. Según las denuncias, los usureros tienen el poder de implementar la tasa más elevada de lo que ofrecen los bancos.

El BCP es la institución reguladora del Estado que tiene que actuar a fin de aplicar las reglas. Por su parte, la justicia debe enderezar lo torcido y sancionar a quienes utilizan la extorsión, chantaje y amenazas para someter a sus víctimas.

Con la usura, según la denuncia, se ha formado toda una estructura poderosa para delinquir. Salió a luz que el esquema estaba formado por políticos, algunos miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), fiscales y jueces, inclusive. En un Estado de derecho los ciudadanos, sin excepción, en igualdad de condiciones tienen el mismo derecho ante las leyes.

Las instituciones, los poderes del Estado y las autoridades tienen la obligación de hacer lo que corresponde. La usura, un hecho tan deleznable e ilícito, debe ser desterrada y los usureros castigados conforme a la ley.

rmontiel@abc.com.py

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