Máxima prioridad: los derechos humanos y lucha contra la corrupción

En febrero 2020, tuvo lugar en el Palacio de las Naciones de Ginebra un encuentro para dialogar sobre empresa y los derechos humanos. Uno de los puntos que quedó claro entre los participantes es que hay que conectar las agendas del mundo empresarial y político, especialmente la lucha contra la corrupción, una de las principales preocupaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Si no se afronta seriamente y de manera global el problema de la corrupción, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) serán inviables, es decir, una estrategia utópica, inalcanzable.

En la Resolución 35/25 de 2017, la ONU no sólo reconoció la conexión entre corrupción y derechos humanos, sino que animó a los estados miembros a que adopten medidas de protección contra aquellos actores que son causa de actos de corrupción porque, de manera directa o indirecta, suponen antes o después un impacto negativo en los derechos humanos. Esta Resolución tiene un antecedente histórico de enorme importante: la aprobación por unanimidad -en julio de 2011- de la Resolución 17/4 relativa a los Principios Rectores sobre empresas y los derechos humanos. De esta manera, el Consejo de Derechos Humanos asumía una premisa radical: la actividad empresarial puede impactar directa o indirectamente en los derechos humanos: responsabilidad de las empresas es hacer frente a sus impactos en derechos humanos. En resumen, la ONU nos dice que:

  • es obligación de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales, donde los mecanismos regulatorios son imprescindibles y fiables, porque la corrupción se dispara en los países donde no hay seguridad jurídica;
  • el papel de las empresas cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos;
  • es necesario que los derechos y obligaciones vayan acompañados de recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento.

A mis clientes recomiendo aprovechar alguna de las diferentes herramientas utilizadas por empresas para promover los Derechos Humanos, por ejemplo:

  • -Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU;
  • -las Guías del Global Reporting initiative (GRI);
  • -los Principios de Inversión Responsable (PRI);
  • -la Norma ISO 26000;
  • -el Pacto Mundial, la Norma SA8000;
  • -la Plataforma SEDEX para promover cadenas de abastecimiento éticas y responsables.

En todo caso, es fundamental una cultura de la transparencia con los grupos de interés, y que las empresas expliquen su compromiso con los derechos humanos: qué derechos está promoviendo dentro del lugar de trabajo; cómo difunden este compromiso entre sus trabajadores y otros grupos de interés. Porque el respeto de los DDHH no es entonces sólo responsabilidad del Estado, sino una responsabilidad social y ética de las empresas. Por ejemplo, el derecho a la inclusión y la diversidad, que se concreta en igualdad de oportunidades; intolerancia a toda forma de discriminación y acoso; espacios libres de conflictos ideológicos; procesos de gestión humana caracterizados por la meritocracia; trato respetuoso, dentro y fuera del lugar de trabajo, etcétera. De la misma manera que existe riesgos a la violación de derechos humanos en el ámbito de la gobernanza, igual sucede con la sociedad y el medioambiente. La empresa debe estar atenta a una visión integral de su actividad y a medir muy bien los impactos de la misma.

Conversando con la doctora Anita Ramasastry el 6 de febrero de 2020 en el Palacio de Naciones Unidas al terminar una de las mesas de trabajo, destacamos la necesidad de que las empresas tengan soluciones específicas para cuando algún funcionario de la organización haya podido participar en actos corruptos que dañan los derechos humanos. Depende de cada impulsar el cambio y promover el respeto empresarial por los derechos humanos y, además, mejorar las formas de acceso a la reparación por parte de las víctimas de abusos de los derechos humanos.

*CETYS Graduate School of Business

@pabloalamocoach

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