La semana pasada, por redes sociales, vimos imágenes de un padre que se enfrentaba a un dolor incomparable, la pérdida de un hijo. El joven había acabado de ser ejecutado a balazos en una zona poco poblada y la interrogante que surgió fue: ¿tenía problemas con alguien y por qué motivos?
Ante los intervinientes y la prensa, el padre contó que su hijo era adicto a las drogas y relató parte del viacrucis que pasaron como familia, primero para intentar salvarlo y luego para contenerlo. El joven tenía entradas en la cárcel por hechos de robos domiciliarios, considerando que cualquier objeto que sirva para vender o cambiar por droga era válido.
El hombre, en medio de su congoja, dijo que trataron de que su hijo se rehabilite pero que no tuvieron éxito en sus intentos. Agregó que el joven hacía changas para costear su vicio y que cuando no tenía dinero pedía a su madre, quien le consentía para que no robe sus cosas o no cometa robos en la zona. Sostuvo que por las noches hasta lo tenían enrejado para asegurar que no salga en esos horarios, a fin de evitar problemas.
Esto es solo un testimonio del sufrimiento de una de las tantas familias que viven aquejadas por la drogadicción, un problema que tiene mucha relevancia, pero poca visibilidad en los planes de gobierno. No se cuenta a nivel regional con un espacio integral para el tratamiento de esta enfermedad. Ni qué decir de programas de seguridad efectivos para el combate al microtráfico, delito que de a poco se va expandiendo y ganando terreno en los barrios.
El combate a las drogas tiene un marco bastante amplio, no se basa solo en realizar incautaciones ni detenciones, tal como se viene haciendo. Es un problema de salud pública y de seguridad y de ahí deberíamos partir. Como estamos en campaña electoral sería interesante que los candidatos incluyan este tema en sus agendas, caso contrario el próximo gobernante puede enfrentarse a una situación “desbordante” por falta de previsión y para buscar culpables solo bastaría mirarse al espejo.